Luego de que un Juez de Control calificó como legal la detención de los dos mandos policiales de Amozoc, imputados de los delitos de portación ilegal de arma de fuego, espionaje contra las instituciones públicas y cohecho, quedaron sujetos a prisión preventiva como medida cautelar.
Cabe señalar que el Ministerio Público dejó entrever que además de los delitos antes señalados, serán investigados por el homicidio de los seis policías de Amozoc y supuestamente por permitir el robo de combustible en aquella región.
Este lunes se realizó la audiencia de control de detención en la casa de Justicia de Puebla, donde el Ministerio Público confirmó que dos de los policías ejecutados habían denunciado – uno de ellos tres días antes de ser asesinados y el otro un día antes del fatídico día – a sus mandos ante la Contraloría Municipal por diversas irregularidades. Mientras que un día después de los asesinados, el 16 de junio se iniciaron en su contra las carpetas de investigación 1945/2018/Tepeaca y 1941/2018/Tepeaca por obstaculizar la procuración e impartición de justicia y por homicidio calificado, respectivamente.
Luego de ser calificada como legal la detención, se les formuló la imputación por los delitos mencionados a Javier “N” el comisario de Amozoc y a Alfredo “N” comandante de esa misma demarcación. Sus defensores solicitaron la ampliación del plazo para que se realice la audiencia de vinculación a proceso.
Según lo expuesto durante la audiencia de control de detención el día viernes 15 de junio, en el lugar donde fueron ejecutados los seis policías de Amozoc en la colonia Signoret, Chachapa, los agentes ministeriales habrían escuchado el momento en que el uno de los imputados hablaba por teléfono y decía lo siguiente: ““Está grueso el problema, ábranse del lugar a la voz de ya, aquí en la zona ya hay demasiados policías estatales y ministeriales, nos puede caer la voladora”, por eso se les señaló del delito de espionaje contra las instituciones públicas.
Mientras que la portación de arma de fuego se les imputa porque supuestamente porque el comisario Javier portaba un arma que no era la de cargo el día que fue detenido, mientras que el comandante además de portar su arma de cargo llevaba una segunda arma.
Y el delito de cohecho se le imputa a Javier porque supuestamente ofreció 12 mil 600 peso a los agentes ministeriales para que los dejaran ir. Y a Alfredo lo acusan de haber ofrecido 550 pesos para lo mismo.
Ejerciendo su derecho a declarar, Alfredo indicó ante el Juez de Control que es mentira lo que dijo el Ministerio Público pues lo que relató no corresponde con la forma en cómo realmente fue detenido. Indicó que a él únicamente le dijeron que los acompañara y hasta el día siguiente le informaron que estaba detenido. Agregó que no pudo haber ofrecido 550 pesos para que lo dejaran en libertad porque ese día lo único que llevaba en el bolsillo eran 50 pesos.
La defensa de los dos mandos policiales solicitó la ampliación del plazo para que se realice la audiencia de vinculación a proceso, la cual se realizará el próximo viernes.
LOS DOS CIVILES DETENIDOS ERAN HALCONES
Mientras que en la audiencia de control de detención de uno de los dos civiles detenidos por la Policía Estatal – uno de ellos es menor de edad por lo que su caso se realiza en las estancias correspondientes – el adulto, se decretó como legal su detención y se le vinculó a proceso por los delitos de e espionaje contra las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, así como portación de arma de fuego sin licencia.
El adulto de nombre Eduardo, quedó vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva como medida cautelar para evitar que se sustraiga a la acción de la justicia. En su caso el Juez de Control estableció un plazo de dos meses de investigación. Además de los delitos imputados, se le investiga por su probable relación con los homicidios de los seis policías ocurrido el viernes 15 de junio en Chachapa.
El Ministerio Público señaló durante la audiencia que tanto él como el menor de edad, probablemente se desempeñaban como “halcones”, es decir que se encargaban de proporcionar información a grupos delincuenciales sobre los movimientos de las corporaciones de seguridad en la zona.
En el caso del menor de edad, un joven de 17 años, quedó libre pues el Ministerio Público excedió el plazo legal con el que contaba para remitirlo ante el Juez Especializado en Justicia para Adolescentes.
