Ante la pérdida del 40 por ciento del suministro por tomas clandestinas, el Congreso de Puebla analiza tipificar el “huachicoleo de agua” como un delito independiente, con penas que podrían alcanzar los 15 años de prisión.
El diputado Elpidio Díaz Escobar (Fuerza por México) presentó una iniciativa para reformar el Código Penal, argumentando que la ley actual es ambigua al mezclar el robo de agua con el de cables o señales viales.
En ese sentido, se propone de 4 a 10 años de cárcel para particulares que sustraigan o comercialicen agua ilegalmente.
La pena aumentará un 50 por ciento (hasta los 15 años) si el responsable es un servidor público encargado de vigilar el suministro.
La propuesta surge tras revelarse que las tomas clandestinas son responsables de gran parte del desabasto que afecta a la capital y la zona metropolitana.
