El dijo de la comisión del Medio Ambiente del Congreso del Estado, Jaime Natale López, dijo que para no convertir la Ley de Atención y Prevención de la Contaminación Visual y Auditiva en letra muerta, los municipios tendrán que cumplir con una serie de requisitos, como la compra de “sonómetros” para medir los niveles de ruidos.
El también diputado local del PVEM, mencionó que dichos aparatos serán vitales para lograr las sanciones administrativas de hasta 36 horas de arresto, a quienes excedan los niveles de ruido.
Detalló que los sonideros, repartidores, gaseros, vecinos ruidosos, tamaleros, transporte público, diversas industrias, entre otros, son los que serían acreedores a las 36 horas de arresto.
Puntualizó que dependerá de los municipios adecuarse a las normas de ruido, que irán de 55 hasta 100 decibeles, dependiendo del giro comercial o vivienda en la que se habite en el estado de Puebla.
“Es una falta administrativa que va de 36 horas de arresto, todos los ayuntamientos tendrán que modificar su reglamento y trabajar con base en la ley los decibeles, según los negocios que tengan en sus espacios”.
