El Pleno del Congreso de Puebla aprobó por unanimidad endurecer las sanciones contra el delito de despojo, que alcanzará hasta los 20 años de prisión.
La reforma, enviada por el gobernador Alejandro Armenta, busca desmantelar al denominado “Cártel del Despojo”, una red criminal que operaba con la complicidad de jueces y grupos delictivos foráneos.
Las modificaciones al Código Penal establecen un sistema de penas severas y escalonadas, diseñadas para castigar tanto al invasor material como a los “cerebros” detrás del robo de tierras.
Se impondrán de 6 a 12 años de prisión por ocupar ilícitamente un inmueble; las penas subirán a 15 años de cárcel para quienes financien, organicen o dirijan las invasiones de predios.
La pena máxima, de 20 años, se aplicará cuando el despojo tenga como fin la lotificación o venta ilegal de terrenos (comercialización de la invasión).
El diputado Andrés Villegas Mendoza advirtió que el despojo ya no es un conflicto entre particulares, sino una “violencia patrimonial sofisticada” que utiliza lagunas legales y corrupción judicial para victimizar a los dueños legítimos.
“Quien intente arrebatar lo ajeno enfrentará a un Estado que aplica la ley sin distinciones”, sentenció Villegas desde la tribuna, enfatizando que no habrá tolerancia para quienes lucren con el patrimonio ajeno.
La urgencia de la ley se refleja en el repunte delictivo reportado por el SESNSP. En enero de 2026, Puebla acumuló 117 denuncias, superando los 106 casos registrados en el mismo periodo del año anterior.
Los municipios con mayor incidencia: Puebla capital (46 casos); Amozoc (10 casos); Tehuacán (8 casos); (Huauchinango (4 casos); San Pedro Cholula (4 casos).
