Redacción
Cierto que el transporte público es un tema socialmente sensible y delicado, pero también es cierto que no es el único rubro con ese carácter; sin embargo, sin duda, es problema cuya solución se ha omitido frecuentemente por razones estrictamente políticas. Durante nueve años las autoridades en por lo menos cinco ocasiones todas documentadas; han evadido su responsabilidad en su dimensión económica y social. Durante todo este tiempo ha sido, y sigue siendo, un problema sin resolver y por ende un deber no cumplido de la autoridad. No obstante las múltiples solicitudes formales de los transportistas a las autoridades, desde el día 20 de febrero del 2013, y los diversos acuerdos entre las partes.
Los últimos acuerdos que se tuvieron al respecto fueron: Que al problema del transporte se le daría solución después del proceso electoral extraordinario del día 1º de Junio del presente año, a fin de que no enrarecer el ambiente político se evitaría hablar del tema hasta una vez pasada la elección; sin embargo, ante las diferencias surgidas entre el Gobernador Interino y el Gobernador Electo motivadas por la forma en que ejerció el presupuesto el primero, se utilizó como pretexto para no actualizar la tarifa; lo que se dijo, una desafortunada declaración de quien se perfilaba como el próximo Secretario de Infraestructura, Carlos Urbina Tanus, habiéndose declarado que no se autorizaría el ajuste del pasaje por el Gobernador Interino, sino porque sería el Gobernador Electo quien lo diera a conocer una vez que entrara en funciones. Con ello, se evadió solucionar el problema y se incumplió el compromiso con los transportistas.
Fue a partir del 4 de Julio de 2019 cuando se iniciaron nuevamente platicas con el actual Gobierno en reunión encabezado por el hoy Gobernador Miguel Barbosa, con miras a conocer toda la problemática que existe en torno a este servicio que se ha dejado en el olvido y en el absoluto abandono; con las consecuencias que todos conocemos; a pesar de que, como ya lo hemos manifestado, nunca se ha dejado de solicitar lo que por justicia le corresponde a este sector de la sociedad.
Después de ocho reuniones, fue hasta el 2 de septiembre de este año que ya con el panorama más amplio de la situación que padece el transporte, se alcanzaron acuerdos y compromisos recíprocos entre autoridades y concesionarios; por lo que el sábado 21 de septiembre en reunión con el hoy titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga, se firmó el acuerdo: “Por la mejora y dignificación del Transporte Público”, con una serie de compromisos que ya son del dominio público. En dicha reunión se dijo: que no habría problema de que dicho acuerdo se diera a conocer, ya que éste se haría público al día siguiente mediante una conferencia de prensa por parte del Ejecutivo del Estado, en la que se anunciaría el monto del ajuste a la tarifa del transporte público.
Pero resulta que, sorpresivamente, dicha conferencia fue suspendida por motivos de agenda, tal como dieron cuenta todos los medios de comunicación; ante esto fui contactado por algunos medios para cuestionarme respecto al por qué de ese cambio y preguntarme si había algún otro acuerdo.
Considero que la ciudadanía tiene derecho a saber de este tipo de acuerdos, como quedó muy claro en las entrevistas del 22 de septiembre, que dicho sea de paso: siempre irán en la búsqueda de un mejor servicio en beneficio de los usuarios, y más aún como en este caso que se trata de actualizar la tarifa de un servicio público. Pero ahora resulta, que por hacer uso de mi derecho de libertad de expresión y comunicación, soy yo el “CULPABLE” de que se haya postergado dicho anuncio.
Las preguntas son las siguientes:
¿En verdad esta fue la razón para una evasiva más? ¿O se trata, otra vez, como ya se dijo de razones políticas en virtud de la próxima visita a Puebla del Señor Presidente de la República?
Se me atribuyen declaraciones que no hice, hablé de acuerdos y de compromisos pero no fui yo quien habló de montos. También reconozco que todo anuncio oficial y toda decisión respecto a los servicios públicos, como lo es el transporte, es facultad exclusiva de las autoridades.
Quiero declarar que siempre he actuado de manera congruente y con base en mis principios; considero que, en lo personal, hice lo correcto; pero también considero infundado que las declaraciones de un compañero del transporte afectan los acuerdos tomados en el marco de la Ley. No es mi intensión perjudicar al gremio del transporte, yo nunca fui ni incondicional ni beneficiario del gobierno de +Rafael Moreno Valle y ahí están las pruebas; tampoco soy comunicador ni soy de la sierra: SOY MIXTECO.
Me asumo como un ciudadano: con carácter para defender las causas que son justas; respetuoso de la autoridad y de las instituciones, a las que jamás pretendo suplantar.
C.P. Arturo Loyola González
