El gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, admitió que revocar la concesión de la empresa Agua de Puebla para Todos comprometería las finanzas del estado, pues la administración estatal tendría que pagar alrededor de 8 mil millones de pesos para cancelar el contrato.
Así lo señaló este lunes en conferencia de prensa, luego de lamentar la muerte de los activistas en defensa del agua, Omar Jiménez y Julia Salas, quienes fallecieron el pasado sábado en un accidente vial.
Al ser cuestionado sobre la lucha que emprendieron los activistas, el próximo titular del Poder Ejecutivo indicó que continúa analizando las rutas jurídicas que existen para concretar la desprivatización del agua.
En ese sentido, reveló que en días pasados se reunió con el director general de Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), Gustavo Gaytán Alcaraz, además de que planea reunirse con Héctor Díaz Durán, director de Agua de Puebla.
No obstante, indicó que la revocación del contrato implicaría pagar 8 mil millones de pesos, además de las multas económicas que se impondrían al Gobierno del Estado por la cancelación del mismo.
Pese a dicho escenario, Armenta Mier aseguró que el principal objetivo es garantizar que todos los habitantes de la zona metropolitana de Puebla cuenten con acceso al agua y un servicio de calidad, para lo cual deben involucrarse los tres niveles de gobierno.
“Estamos buscando todas las alternativas, lo que queremos es que los ciudadanos tengan agua y en esa responsabilidad constitucional los municipios juegan un papel, nosotros jugamos un papel y la Federación”, expresó.