El Congreso de Puebla dio luz verde al “Plan B” impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual contempla la reducción de regidurías, tope de gastos para los Poderes Legislativos y la disminución de salarios para consejeros y magistrados electorales.
Este jueves, las y los diputados del Pleno dieron luz verde a las reformas a la Constitución Política de México, luego de su aprobación se concretó en la Cámara de Diputados durante la madrugada.
En un procedimiento fast-track, el Congreso local recibió la minuta enviada por la Cámara baja, la dictaminó en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y la subió al Pleno para su votación.
Entre las modificaciones, se establece que todos los Cabildos del país podrán tener un mínimo de siete regidores y un máximo de 15.
En el caso de Puebla capital, que tiene un total 23 regidores actualmente, se reducirá a 15 a partir del 2027.
Para los Congresos locales, se estipula que sólo podrán recibir un presupuesto máximo de 0.7 por ciento anual, con base en el presupuesto de cada estado.
En caso del Poder Legislativo poblano, que recibe sólo el 0.2 por ciento anual, no podrá hacer adecuaciones para obtener más.
En lo que respecta a los órganos electorales, se establece que ningún magistrado ni consejero podrá ganar más que la presidenta de México.
Además, estarán impedidos de contratar, con recursos públicos, seguros de vida, de gastos médicos, de pensiones o cajas de ahorro especiales.
PAN y PRI se oponen al dictamen
Durante la discusión del punto, legisladoras del PAN y PRI se pronunciaron en contra del Plan B, al considerarlo insuficiente y una amenaza para la democracia del país.
La priista Delfina Pozos Vergara acusó que el espíritu de la propuesta es, en realidad, terminar con la pluralidad y contrapesos en los Cabildos.
Mientras que la panista Susana Riestra Piña denunció que el Plan B no soluciona el problema real en los procesos democráticos, que es la injerencia del crimen organizado.
El dictamen fue aprobado con 34 votos a favor y seis en contra, lo que colocó al Congreso de Puebla dentro de los 10 primeros del país en avalar las reformas.
