La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en coordinación con la Dirección de
Protección contra Riesgos Sanitarios del Gobierno del Estado de Puebla (DPRIS), realizaron
una visita de supervisión al establecimiento “THE BLACK BALL CLUB” ubicado en Blvd. Mártires
del 2 de Octubre No. 3972, Col. Anzures, Puebla, Puebla, con el propósito de verificar el
cumplimiento de la medida precautoria de suspensión de la comercialización de bienes, productos
y servicios previamente impuesta por infringir disposiciones de la Ley Federal de Protección al
Consumidor.
Durante la diligencia efectuada el día 23 de julio de 2026, personal adscrito a esta
Procuraduría constató que el establecimiento continuaba comercializando productos, pese
a contar con sellos de suspensión vigentes, lo que representa un incumplimiento a la medida
precautoria impuesta por la autoridad.
Derivado de lo anterior, PROFECO procedió nuevamente a la colocación de sellos de
suspensión en los accesos del establecimiento, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de
la medida y salvaguardar los derechos de las personas consumidoras.
Asimismo, la Procuraduría informó que el incumplimiento de medidas precautorias puede
derivar en la imposición de sanciones económicas severas, las cuales podrían ascender hasta
$4,274,960.73, conforme a lo establecido en la normatividad aplicable.
Como antecedente, durante la visita de verificación practicada el pasado 22 de julio de 2026,
se detectaron diversas irregularidades consistentes no informar el contenido neto de las bebidas
alcohólicas y demás bebidas en botella cerrada, y que la información en sus comprobantes no era
clara y veraz al no contar con domicilio y razón social. Por dichas irregularidades, la autoridad
impuso la medida precautoria de suspensión correspondiente.
La Procuraduría Federal del Consumidor y la Dirección de Protección contra Riesgos
Sanitarios refrendan su compromiso con la protección de los derechos de las personas
consumidoras y mantendrá acciones permanentes de vigilancia para verificar que los
establecimientos comerciales cumplan con la Ley Federal de Protección al Consumidor y eviten
prácticas que afecten la economía y los derechos de la población consumidora.
