Lo ocurrido ayer en el linchamiento de Gaspar Palacios Monterrosas, consejero del Instituto Electoral del Estado, en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez enciende los focos rojos en materia de gobernabilidad del estado de Puebla.
Los linchamientos se han convertido en una práctica “común” en el estado de Puebla y quedó documentado con el reciente asesinato de cuatro presuntos asaltantes en el municipio de Yehualtepec.
Y previo al linchamiento del funcionario del Instituto Electoral del Estado hubo otro intento de hacer justicia por propia mano en el municipio de Tochtepec.
Gaspar Palacios, funcionario del IEE, fue confundido en Tlacotepec de Benito Juárez con un delincuente y eso generó su muerte.
Lo mismo ocurrió en el caso de los hermanos Copado Molina en Ajalpan.
Queda claro que ya se perdió la confianza en las autoridades y la aplicación de la justicia.
Ya lo habíamos anticipado hace unos días en esta columna de que la gente que incita y comete linchamientos no tiene castigo.
Es urgente que la Fiscalía General del Estado investigue y castigue a los pobladores de Yehualtepec y Tlacotepec de Benito Juárez para que se inicien los procesos penales correspondientes.
¿De qué otra forma se puede detener los linchamientos?
En Ajalpan hubo una acción casi inmediata por parte de las autoridades para detener e iniciar procesos contra los linchadores?
¿Sucederá lo mismo en Juan C. Bonilla, San Miguel Canoa, Yehualtepec y Tlacotepec de Benito Juárez?
La autoridad tiene la responsabilidad de castigar los linchamientos e investigar a los incitadores y los linchadores.
Es momento de que Diódoro Carrasco, secretario General de Gobierno, retome la gobernabilidad pérdida en el estado de Puebla.
No se pueden permitir más linchamientos.
Es obligación de las autoridades estatales recobrar la gobernabilidad y la seguridad.
El linchamiento del funcionario del IEE no puede quedar impune.
** ** **
gomezcarlos79@gmail.com
