José Torralba
El 10 de marzo del 2023, dos reporteras del periódico Enlace Noticias, junto con otras jóvenes pertenecientes a una organización para la defensa de los derechos de las mujeres, fueron detenidas por policías municipales de Izúcar de Matamoros, privadas de la libertad, amenazadas con hacerlas desaparecer, además de obligarla a desnudarse para posteriormente ser torturadas.
Por la mañana del día siguiente, fueron puestas en libertad tras el pago de la previa multa, acusadas de alterar el orden público. Inmediatamente, se puso la demanda en contra de los elementos de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros y de los mandos de los cuales dependen.
Dado que se agredió a dos reporteras, el caso fue turnada a la Fiscalía General de la República (FGR), la cual, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, realizó una minuciosa investigación que incluyó visita de los lugares donde sucedieron los hechos, entrevistas a los indicados y revisión de archivos de seguridad, entre otras diligencias.
De este modo, seis elementos de Seguridad Pública Municipal, fueron citados al Centro de Justicia Penal Federal de la ciudad de Puebla.
El 11 de julio de 2024, la jueza encargada del caso impuso a los indiciados medidas cautelares no privativas de la libertad, es decir, siguieron libres. Esta disposición fue apelada por la Fiscalía General de la República y por los abogados representantes de las víctimas.
El Tribunal Colegiado del Sexto Distrito determinó, el pasado 30 de abril de este año, que lo dispuesto por la jueza fue incorrecto, porque pone en riesgo a las víctimas, da la oportunidad a que los acusados manipulen pruebas y testigos, e incluso busquen evadirse de la acción de la justicia.
Por tal motivo, el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito determinó:
PRIMERO. Se revoca la determinación de la jueza Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, actuando como jueza de control emitida en audiencia de doce de julio de dos mil veinticuatro, en la causa penal 801/2023, donde se resolvió sobre las medidas cautelares.
SEGUNDO. Se impone como única medida cautelar a las personas imputadas la consistente en prisión preventiva justificada, en términos de lo dispuesto en la parte final del considerando octavo de esta resolución.
TERCERO. Se instruye a la persona juzgadora de control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla que conoce del proceso, dé cumplimiento a lo ordenado en esta sentencia.
CUARTO. Se emite de forma escrita esta sentencia, acorde con lo dispuesto en el artículo 67, párrafos primero y último, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en esta fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional.
QUINTO. Al hacerse pública la presente resolución, deberá estimarse que las partes no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales. Sin embargo, en la versión pública de esta resolución, deberán suprimirse éstos y sus nombres, por ser de carácter confidencial y no estar sujetos a temporalidad alguna.
NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY Y CÚMPLASE.
Con esta resolución del Tribunal Colegiado, se confirma el avance del juicio en contra de quienes, haciendo uso indebido de sus facultades y con la intención de violar el derecho a la información, a la libre expresión de las ideas, y a la libertad de manifestación, consagradas en la Constitución, agredieron a comunicadoras y a miembros de una organización orientada a defender los derechos de las mujeres.
Queda claro que los indiciados son sólo los perpetradores materiales de los delitos tipificados por las autoridades del Poder Judicial federal; es obvio que no actuaron por cuenta propia, porque están sujetos a autoridades superiores.
Esperamos que la justicia llegue también a los autores intelectuales de estos delitos que atentaron contra la integridad física y la libertad de las víctimas, con el agravante de que se violaron derechos de la mujer, consagrados en la Constitución.
Seguiremos atentos al proceso en contra de los acusados y nos mantendremos firmes hasta el total esclarecimiento de los delitos perpetrados en contra de nuestras reporteras, castigo a los responsables materiales e intelectuales de los hechos, y lograr justicia para las corresponsales y las demás víctimas de una autoridad que violó las leyes que juró proteger y defender.
