El Gobierno de México dio a conocer que, como parte del seguimiento al congelamiento de saldos y mensualidades a 2 millones de créditos por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), se detectó que, en 2012, se implementó una estrategia a través de la cual despachos legales interpusieron juicios masivos en contra de 373 mil derechohabientes, los cuales derivaron en que 249 mil perdieran la propiedad de su vivienda.
El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que la estrategia de los juicios masivos consistió en que los despachos legales no notificaron a los acreditados; se incluyeron a personas que no tenían problemas de pago; y se demandó a las y los trabajadores en estados que no correspondían a su residencia, —principalmente en Coahuila, Jalisco, Nayarit, Baja California, la Ciudad de México y Morelos—, esto en perjuicio de 373 mil derechohabientes y sin que el Comité de auditoría ni en la Comisión de Vigilancia del Infonavit se realizara alguna acción en su defensa.
“El 80 por ciento: 302 mil de 373 (mil derechohabientes), fueron demandados en otros estados; sólo 71 mil fueron demandados en su propia entidad”, explicó.
Como resultado de los 373 mil derechohabientes demandados, 249 mil perdieron su vivienda: 207 mil no han podido ser escrituradas a favor del Infonavit por irregularidades en el proceso y 42 mil fueron vendidas en subastas masivas. Además de que 22 mil 386 acreditados que fueron afectados por los juicios masivos, actualmente están al corriente en sus pagos.
Pese a las irregularidades de los despachos legales, Romero Oropeza precisó que el Infonavit les pagó durante ocho años, 29 mil 263 millones de pesos (mdp); cantidad mayor a lo que se ha destinado a Programas para el Bienestar como la Pensión para el Bienestar para Personas con Discapacidad; la nueva beca universal “Rita Cetina Gutiérrez” e incluso mayor al presupuesto anual del Infonavit, que se ubica en alrededor de 17 mil mdp.
Expuso que entre los principales despachos involucrados en los juicios masivos se encuentran GABSSA, a la que se le pagó más de 2 mil mdp; así como ACSER, despacho que, a través de la gestión de un dirigente sindical del Infonavit, recibió un pago de 103 mdp para desalojar de manera corrupta e irregular a los trabajadores de sus viviendas.
Informó que, pese a que en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se instruyó al Infonavit detener los juicios masivos, se detectó que, nueve despachos simularon juicios individuales en la Ciudad de México a través del juzgado 60 Civil, intentado afectar a 63 mil 444 derechohabientes, siguiendo la misma estrategia de juicios masivos, por lo que, de las judicializaciones admitidas, el 96 por ciento correspondían a créditos de trabajadoras y trabajadores en Puebla; Estado de México; Tamaulipas, Sonora, entre otros estados y sólo en 4 por ciento eran de la capital.
