SDP Noticias
México.- Desde 2015, un funcionario de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla y 4 trabajadores del DIF también de este estado, están denunciados por despojar a una mujer de sus 2 hijos, una niña de 5 años y un niño de 8; así como de violar un amparo a favor de dicha familia.
Medios locales reportaron que el expediente del caso señala como presuntos responsables a Maciel Merino Aguirre, encargado de la averiguación de la Procuraduría de Puebla; a Claudio Vega Ramos, de la representación legal de adopciones; a María de Ángeles López Rosales, del ministerio público; María Fabiola Herrera Rosas, procuradora del menor; y a Claudio Vega Ramos, responsable del área de violencia intrafamiliar, todas del DIF.
Según el relato de lo ocurrido, la mamá de los 2 niños identificada como Liliana “N”, fue denunciada de manera anónima por violencia intrafamiliar en junio de 2015, por lo que personal del DIF acudió a su domicilio, se llevó a los niños y los ubicó en un centro de la dependencia pero sin condiciones adecuadas para atenderlos.
Sin más investigación, el personal del DIF le dijo a la madre que los niños serían dados en adopción y que “estarían mejor con otras familias”, aunque al momento de analizarlos, ninguno presentaba el síndrome del niño maltratado o señales de golpes recientes.
Denuncia contra funcionarios
Luego de dicha notificación y tras denuncia públicamente el caso, Liliana “N” fue detenida con una orden de aprehensión solicitada por el DIF por el delito de violencia intrafamiliar, lo que a su vez, organizaciones civiles calificaron como represalias en contra de la mamá.
Ella fue liberada tras análisis de médicos legistas que señalaban que ninguno de los menores presentaba lesiones. Luego, debido a lo mediático del caso, ambos fueron enviados a hogares disfuncionales dentro de la misma familia, pues no se pudo concretar el proceso de adopción.
La niña de 5 años de edad fue enviada a la casa de su papá biológico, mismo que ya había sido denunciado por violencia intrafamiliar, y además de que se encontraba en tratamiento por consumo de drogas. Mientras, el menor de 8 años fue trasladado a casa de abuela paterna que sufre de diabetes e hipertensión.
No se le dio seguimiento al caso
Según reportaron en Puebla, durante la administración pasada de la Fiscalía general de Justicia de ese estado, encabezada entonces por Víctor Carrancá Bourget, nunca se dio seguimiento a la investigación para sancionar a los funcionarios públicos que despojaron ilegalmente a Liliana “N” de sus hijos.
Este caso lo retomó el gobernador Miguel Barbosa Huerta, cuando reveló que detectaron casos de venta de niños realizados desde el Sistema Estatal DIF en administraciones pasadas.
“Tenemos documentados venta de menores y cuando tengamos más información haremos denuncias”.
Miguel Barbosa
Aunque Barbosa no especificó en qué gobiernos estatales se cometió este delito, ni cuántos menores fueron vendidos, aseguró que el DIF funcionó como operador político e incluso en el organismo se instaló un call center para hacer campaña en su contra en las pasadas elecciones.
Fuente: SDP Noticias
