El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, de la IBERO Puebla y el Servicio Jesuita a Migrantes México (SJM México) expresan sus condolencias a las familias de las personas migrantes fallecidas y heridas por la volcadura de una camioneta en Puebla, así como su preocupación por la detención de casi 700 personas migrantes.
Ambas instancias expresamos nuestras condolencias y solidaridad con las familias de las personas migrantes fallecidas y heridas por la volcadura de una camioneta, ocurrida la noche del viernes 12 de agosto en una carretera federal en el municipio de Cañada Morelos, del estado de Puebla. Entre las víctimas mortales se encuentran al
menos tres niños, un bebé y adultos que provenían de Cuba, Venezuela y Ecuador.
Asimismo, manifestamos nuestra profunda preocupación por la detención de casi 700 personas, principalmente originarias de Centroamérica, en dos operativos migratorios en Puebla.
Las crecientes muertes y detenciones de personas migrantes internacionales en Puebla y otras partes de México y el mundo, siguen siendo resultado directo de las políticas migratorias que priorizan la militarización y la contención de ujos en tránsito irregular.
Por el trabajo que hacemos desde hace varios años, sabemos que la capacidad del centro de detención de migrantes (“estación migratoria”) en Puebla actualmente es de alrededor de 60 personas; que existen maltratos, abusos y condiciones insalubres, en particular para mujeres, familias y niñez, tratándose de un espacio que podría clasicarse como un entorno socialmente torturante.
Por ello, hacemos un llamado:
Al Gobierno Federal: A buscar alternativas efectivas de política más próximas a lo establecido en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.
A las autoridades migratorias y personal de los centros de salud: A que se les ofrezca a las personas heridas por la volcadura de la camioneta toda la atención legal y médica que sea necesaria, respetando en todo momento sus derechos humanos como lo marca la ley.
A las instancias federales y estatales, en particular al Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados: A respetar el debido proceso de cada persona detenida, permitiéndoles hacer llamadas telefónicas diarias y ofreciendo oportunamente las orientaciones jurídica, médica y psicosocial que soliciten, bajo las mejores condicio-
nes de infraestructura y cuidado de la salud, según lo establece la legislación mexicana en la materia.
A los Sistemas Estatal y Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF):
Asegurar la protección de los derechos e integridad de los menores de edad afectados por la volcadura de la camioneta.
A la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos: Garantizar la protección de los derechos humanos de las personas migrantes detenidas a partir de los operativos migratorios en Puebla.
