Melanie Isahmar Torres Melo
Existen los elementos necesarios para echar abajo el contrato con Agua de Puebla sin pagar ninguna indemnización ni penalización, e incluso podrían ficársele responsabilidades a la empresa por mal servicio e incumplimiento de contrato.
Así lo aseguró el ambientalista y ex director del Soapap Francisco Castillo Montemayor, quien acusó al PAN de estar a favor de la privatización del servicio y tener intereses de por medio para apoyar y defender a la empresa.
Acusó a la regidora Augusta Diaz de Rivera, (que apenas ayer se pronunció en contra de la remunicipalización del servicio), de tener total desconocimiento en el tema y de sólo dar declaraciones “por encargo”, pues aseguró que nada de lo que planteó acerca de los montos que debería pagar el Ayuntamiento para revocar el contrato son ciertos.
Castillo Montemayor explicó que en el contrato se estipula que cuando las causas son imputables a la empresa, no existe indemnización alguna a favor de la Agua de Puebla, por lo que, a causa del mal servicio, el incumplimiento de la ley en materia financiera y del agua, así como el mal saneamiento del vital líquido, son motivos suficientes para incluso fincarles responsabilidades.
“Hay elementos para no pagarles, hay elementos para fincarle responsabilidades por mal servido, por daño a la salud, por contaminación, por no cumplir con la norma 127 de salubridad en calidad del agua… Están perdiendo el 40% del agua y no se está saneando”, acusó.
En este sentido, la regidora con licencia del Ayuntamiento de Puebla, Rosa Márquez, señaló que se deberá solicitar la revocación del contrato por incumplimiento de la empresa, posteriormente el Congreso del estado deberá echar abajo la ley que permite la privatización del servicio y promover una nueva ley de aguas que proteja el servicio en favor de los ciudadanos, pues actualmente 83 colonias no cuentan con el servicio y en 400 sólo les llega agua una vez a la semana.
Tanto Márquez como Castillo aclararon que en primera instancia este procedimiento le compete al Ayuntamiento de Puebla, pues el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) es un organismo descentralizado, paramunicipal y al ayuntamiento le corresponde su manejo, así como a la administración revocar en primera instancia el contrato, para que posteriormente intervengan otros actores como el Congreso del estado.
Además de la revocación del contrato, ambos actores se pronunciaron para que, a través de la Contraloría, se investigue a fondo a la empresa, pues hay irregularidades en el manejo de recursos y el préstamo que Agua de Puebla solicitó, puespara iniciar operaciones la empresa solicitó un préstamo de 1486 millones de pesos, sin mbaego, es SOAPAP quien está cubriendo los pagos e intereses por este préstamo.
