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La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, presentó una nueva iniciativa ante el congreso capitalino para poder reformar el Código Penal local y así poder castigar la filtración de imágenes de víctimas.
La sanción será desde 2 hasta 8 años de cárcel a servidores públicos que filtren, difundan, reproduzcan, o publiquen fotografías de cadáveres, así como documentos, evidencias, u objetos relacionados con el procedimiento penal de algún caso.
La iniciativa busca castigar filtraciones dentro de la institución misma, según Godoy Ramos. Además hizo un llamado a los medios de comunicación para que no publiquen fotografías o información confidencial de las víctimas, pues considera que se violentan sus derechos y los de sus seres queridos.
“Como fiscal General de la Ciudad de México asumo la responsabilidad institucional que me corresponde por la filtración de estas imágenes. Nuestra obligación es estar cerca de las víctimas. Todas las personas servidoras públicas de esta Fiscalía debemos honrar este compromiso y estar a la altura de nuestro deber. Quienes traicionan la confianza y se apartan de esta responsabilidad no tiene lugar en esta institución”, sentenció durante la entrega del documento.
Con la reforma que fue propuesta, el artículo 294 del Código Penal de la Ciudad de México establecería que:
“Al que indebidamente difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que la Ley señala como delito, se le impondrá prisión de dos a ocho años y multa de quinientas a mil unidades de medida y actualización”, explicó el documento.
Aunado a esto, si se trata de imágenes, audios o videos de cadáveres o parte de ellos, así como detalles de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas se podrán incrementar hasta en una tercera parte. Si además el material audiovisual son de mujeres, niñas o adolescentes, así como información privada, los castigos podrían incrementarse hasta en una mitad.
Estas acciones se tomaron tras el feminicidio de Ingrid Escamilla, a quien su esposo apuñaló, para después desollar el cuerpo. Después de que las autoridades accedieron a la escena del crimen, tomaron fotos y las filtraron a varios medios de comunicación.
“La publicación de imágenes de Ingrid ha sido un gran acto de irresponsabilidad que ha causado un gran dolor a familiares y amigos y a la sociedad entera. Es inadmisible y no podemos permitir su repetición”, declaró la fiscal, quien además catalogó el crimen como “atroz”.
Por su parte, la diputada Isabel Rosales, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso dijo que el feminicidio de Ingrid es un reflejo de hasta dónde puede llegar el odio hacia las mujeres.
“Por ello es indignante la forma en que se difundió la información de este caso. Ingrid no merece ser recordada como su pareja y victimario decidió. Nosotras tenemos oportunidad para contribuir al cambio de esa narrativa. Indigna todavía más cuando recordamos que a nivel local o federal se filtra información que lesiona la dignidad de las víctimas”, explicó.
La legisladora también recordó las complicaciones que las filtraciones de información trajeron en los casos de en el multihomicidio de la colonia Narvarte, y con el feminicidio de Lesvy Berlín dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Fuente: Infobae
