Carlos Gómez / @gomezcarlos79
En apenas cuatro días, Puebla se convulsionó por dos casos que indignaron a la sociedad por la impunidad con la que se pueden cometer delitos y no hay castigo.
El pasado sábado, un grupo de feministas radicales dañó el patrimonio histórico de Puebla y aunque detuvieron a cuatro mujeres fueron liberadas al siguiente día.
La sensación que quedó de este caso, es que en Puebla no se aplica la ley, debido a que se confunde el activismo con el vandalismo y se tolera por parte de las autoridades.
Las cuatro mujeres detenidas por dañar la histórica fuente del zócalo ya están libres, como si nada hubiera pasado, aunque las afectaciones sean visibles.
Y todavía no nos reponíamos de ese terrible episodio de impunidad, cuando este martes llegaron más de 140 normalistas de Teteles con el apoyo de un grupo de choque, secuestraron el bulevar 5 de Mayo por varias horas, usaron bombas molotov para quemar una unidad de la RUTA y pusieron en riesgo la vida del conductor y tampoco pasó nada.
Las normalistas fueron perdonadas y no pasó nada otra vez.
La molestia de la sociedad es en contra de las feministas radicales y de las normalistas violentas, pero hay más enojo contra las autoridades porque no hubo castigo, pese a los claros delitos existentes.
Queda claro que existe un temor de cualquier gobernante a que le llamen “represor”, pero deberían tener más miedo de la decepción social por su falta de capacidad en la aplicación de la ley.
Actualmente existe un innegable enojo social hacia las autoridades federales, estatales y municipales de Puebla por permitir que graves delitos cometidos por feministas y normalistas hayan quedado en la impunidad.
Y ese enojo social se convertirá en un voto de castigo en el 2027.
De eso no tenga la menor duda.
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