La bancada del PAN en el Congreso de Puebla presentó una iniciativa de reforma para obligar a la Fiscalía General del Estado (FGE) a contar con un padrón de intérpretes y traductores de lenguas indígenas.
La diputada Susana del Carmen Riestra Piña propuso la modificación a la Ley Orgánica de la Fiscalía.
La legisladora argumentó que Puebla es una de las entidades con mayor diversidad lingüística en el país, con una población que incluye hablantes de náhuatl, totonaco, otomí, tepehua, mazateco, popoloca, mixteco y zapoteco.
De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) y el INEGI, en el estado más de 246 mil personas hablan alguna lengua indígena.
Por ello, la reforma busca asegurar que personas imputadas, víctimas, denunciantes y testigos pertenecientes a estos pueblos accedan a servicios de intérprete o traductor en su propia lengua y con pertinencia cultural.
La legisladora del PAN destacó que la iniciativa surge como respuesta directa al reciente caso de una niña náhuatl de 12 años, originaria de Atla, Pahuatlán, ya que se le negó la posibilidad de denunciar una violación sexual en la Casa de Justicia de Huauchinango por la falta de un intérprete.
