A 11 días de la toma armada de nuestra Universidad y sin cambios importantes para asegurar los derechos del estudiantado queremos denunciar lo siguiente: la medida cautelar ejecutada
el 29 de junio fue y sigue siendo un acto desproporcionado que afecta directamente a la comunidad estudiantil y que, hasta este punto, no ha generado otra cosa más que incertidumbre y temor en todos los miembros de la comunidad universitaria.
Nuestras peticiones fueron y siguen siendo muy claras: que todos los elementos de seguridad armados abandonen las instalaciones de la Universidad, que las actividades operativas vuelvan a la normalidad en el curso que estaba planeado; que ningún proceso administrativo o académico de los estudiantes y egresados se vea afectado y que el Sr. Horacio Magaña se responsabilice ante la comunidad universitaria respecto a lo sucedido.
Desde que se hizo lectura de nuestro pliego petitorio a la fecha, se han añadido afectaciones que requieren ser atendidas:
• Estudiantes foráneos regresaron a Puebla para el inicio de Verano II, realizando un importante esfuerzo tanto económico como logístico, para encontrarse con la sorpresa de que sus clases presenciales fueran canceladas un día antes del inicio del período.
• De la misma forma, estudiantes inscritos para tomar cursos remediales, donde tomarían presencialmente los laboratorios y talleres que, debido a la pandemia, tuvieron que ser
cursados en línea, se verán afectados en el desarrollo de su matrícula.
• En el mismo periodo académico se pronosticaba la reincorporación de muchos integrantes de equipos representativos, tanto culturales como deportivos, a sus
actividades presenciales. Debido a la forma en la que se tomó la universidad, no han podido hacerlo y han tenido que buscar otros espacios fuera del campus para realizar sus entrenamientos.
• Los trámites en Servicios Escolares se han visto afectados desde entonces. Muchos estudiantes con trámites en proceso, como titulaciones, esperando documentos, transcripts, constancias académicas y validación de intercambios, no tienen idea de la
situación en la que se encuentran estos procesos. Incluso alumnos queriendo recuperar certificados de preparatoria con la intención de buscar otra universidad, no han podido
tener acceso a estos.
• Los periodos de pagos para créditos educativos y colegiaturas están por empezar, ¿qué garantías tiene el estudiantado de que no se pagará en vano?.
• Actualmente la acreditadora internacional SACSCOC ha puesto en periodo de prueba a la Universidad por la falta de gobernanza que desde la entrada de la policía estatal se ha demostrado. Esto, a la larga, puede afectar directamente al prestigio con que cuente la universidad y que respalda a sus estudiantes y egresados.
• Al día de hoy no hay ninguna certeza de que el regreso al campus planificado para el periodo de otoño 2021, se concrete y que de hacerlo, se haría con las medidas de sanidad y seguridad necesarias.
Estas afectaciones nos repercuten como alumnado y son consecuencia de la aplicación de una medida cautelar llevada a cabo de manera desproporcional el martes 29 de junio.
Además, externamos nuestro rechazo a la forma en que el nuevo patronato se ha aproximado a integrantes de la comunidad universitaria, tales como académicos, estudiantes y
administrativos. Llamadas telefónicas personales, opacas y sin transparencia no son formas
legítimas para entablar un diálogo. Éstas, más que una apertura real, son una simulación.
No es lo único que nos lleva a hablar de simulaciones: este patronato ha dicho en distintos medios que ya no hay elementos de seguridad armados en el campus.
Sin embargo, un día después de estas declaraciones, el jueves 8 de julio, aún se observaron elementos de seguridad pública con armas de largo alcance dentro de la Universidad. Cambiar la seguridad pública por una empresa de seguridad privada sigue sin ser proporcional y no garantiza un campus libre.
Nos extraña que estas sean las formas que tome un nuevo patronato, porque no queremos creer que lo que busque sean simulaciones, antes que procurar un interés genuino en atender
a la comunidad universitaria.
Sólo será posible un diálogo multisectorial cuando todas las partes interesadas en la regularización de las actividades de la Universidad tengan un asiento en la mesa y se mantenga una conversación transparente, abierta al escrutinio público y con garantías reales.
El diálogo no se improvisa. Que se atiendan las demandas y se enmienden las afectaciones hechas a la comunidad desde la toma de la universidad a la fecha. Entonces se podrán
propiciar las condiciones para un diálogo real, con todas las partes implicadas y siempre en beneficio de la institución.
Atentamente, #YoSoyUDLAP.
