Jesús Lemus/@chucho_lemus1
El Congreso del Estado se estrenó en las sesiones online, donde los diputados locales se confrontaron por la Ley de Educación que se avaló en lo general para vigilar el desempeño de escuelas públicas y privadas, además de fijar las sanciones cuando se retengan documentos oficiales por falta de pago.
Durante este ejercicio que duró más de cinco horas, los legisladores de oposición sentenciaron que se usó la crisis del COVID-19, para avalar con calzador la reforma educativa en el marco del Día del Maestro.
Los diputados de Movimiento Ciudadano y PAN, Carlos Morales Álvarez, Mónica Rodríguez Della Vecchia y Oswaldo Jiménez López, lanzaron los primeros petardos y señalaron que no hubo foros para debatir este ejercicio que tiene inconformes al Consorcio Universitario, aunque este último panista quien sentenció que la educación no debe ser un monopolio en Puebla.
El líder del Congreso del Estado, además de diputado de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, indicó que la reforma a la Ley de Educación democratiza el rubro en Puebla, situación que replicó por su homóloga Olga Lucia Romero Garcicrespo, quien minimizó las críticas de la oposición, bajo el argumento de que no hay intromisión al patrimonio y desempeño de las escuelas privadas.
La diputada del PES, Nora Merino Escamilla, explicó que la regulación de los nombres en las escuelas, solo aplicará para las públicas para evitar que funcionarios públicos las titulen con su nombre o de familiares, como ocurrió con el ex gobernador Mario Marín Torres y una institución que llamó con el nombre de su mamá Blandina Torres.
La reforma que propuso el gobierno del estado, establece que las universidades públicas cederán la revisión de sus recursos a la Auditoría Superior del Estado (ASE), que en caso de utilizarse incorrectamente habrá procesos civiles y penales, situación que se interpretó como un mensaje para la BUAP.
También se fija que la Secretaría de Educación revisará las cuotas de escuelas privadas, que que en caso de representar un exceso para los estudiantes, el gobierno impondría multas de hasta un millón de pesos.
Otro de los aspectos, es que los inmuebles de las universidades sean declarados parte del Sistema Educativo Estatal, además de que las escuelas privadas que retengan documentos personales y académicos por falta de pago serán acreedores a una multa por 434 mil 440 pesos y un millón 302 mil pesos en caso de expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes no cumplan los requisitos.
