Jesús Lemus/@chucho_lemus1
El dirigente del PRI estatal, Lorenzo Rivera Sosa, pidió que la denuncia por la presunta venta de menores a través del DIF Estatal, no solo quede en un asunto mediático y a la brevedad se finquen sanciones en contra de ex funcionarios en los gobiernos de Rafael Moreno Valle Rosas y José Antonio Gali Fayad.
Señaló que el gobierno estatal a cargo de Miguel Barbosa Huerta, tiene que llegar hasta las últimas consecuencias sobre este particular, el cual consideró grave porque se jugó con las familias poblanas.
Destacó que el instituto tricolor ha sido promotor de la legalidad, por eso pedirá que esta denuncia no quede en letra muerta para castigar a los responsables, sin que se caracterice por una persecución política.
Señaló que por el momento no puede deslindar a ningún priista que formara parte de las administraciones pasadas, pues esto lo determinarán las investigaciones que se concreten a través del gobierno del estado de Puebla.
“No lo sabemos, pero quien ya lo denunció y además tiene el mando debería de investigarlo y denunciarlo, no es un tema menor”, señaló el priista, al afirmar que el tema es grave y de comprobarse este tema se debe proceder legalmente.
Cabe señalar que su declaración se desprende después de realizar un balance del primer año de gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
