El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, afirmó que no va a polemizar con la Ibero Puebla sobre su postura técnica que emitió sobre el caso del bebé Tadeo, en donde la institución afirmó que hubo graves violaciones a los derechos humanos y que debería haber una reparación del daño.
Afirmó que la postura de la Ibero es sólo un dicho, y las autoridades judiciales siguen sus labores para poder castigar a todos los responsables en el caso del bebé Tadeo, de quien hay que recordar que falleció el pasado 5 de enero en una cirugía, posteriormente el 6 de enero fue sepultado en un cementerio de Iztapalapa y su cuerpo apareció el 10 de enero en un contenedor de basura en el penal de San Miguel.
Posteriormente, el 22 de enero los padres de menor se percataron que el bebé hallado en el penal de San Miguel era su hijo, por lo que reclamaron el cuerpo para sepultarlos nuevamente.
Derivado de ese hecho, la Fiscalía General del Estado de Puebla, detuvo a 23 personas, de las cuales 4 lograron su libertad y el resto sigue bajo proceso penal.
AQUÍ EL ANÁLISIS DE LA IBERO PUEBLA
El pasado 15 de febrero, la Ibero Puebla emitió el siguiente dictamen:
“La Universidad Iberoamericana Puebla, a través del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, elaboró un análisis técnico de violaciones a los derechos humanos relacionado con el caso de la exhumación, traslado e ingreso ilegal al penal de San Miguel, en Puebla, del cuerpo del niño Tadeo Ayala Peralta, misma que fue entregada a autoridades estatales y nacionales.
El análisis técnico examina el caso, desde la perspectiva de graves violaciones a derechos humanos, y la responsabilidad del Estado Mexicano, por medio de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSP) y la Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México, al con¬gurar una violación al derecho a la seguridad jurídica por tratarse de una injerencia arbitraria y el incumplimiento de un deber legal por parte del personal penitenciario; así como una violación al trato digno de su cuerpo, equiparable a tratos denigrantes al ser exhumado, trasladado y abandonado en un contenedor de basura.
Asimismo, ambas violaciones tienen alcance a los derechos humanos de sus familiares al traducirse en un proceso de revictimización y extensión del sufrimiento derivado del propio fallecimiento de su hijo, implicando una violación tanto a la integridad personal como al derecho de la memoria de las personas fallecidas.
El documento detalla la responsabilidad del gobierno del estado de Puebla en dos vertientes, la primera al poder caracterizarse como atribuibles a agentes estatales, lo que contraviene la obligación de respeto de los derechos humanos, y la segunda por la omisión o falta de prevención frente a hechos cometidos por particulares ante la existencia de un riesgo real de vulneración a los derechos humanos, lo que representa un incumplimiento de la obligación de garantía. En el caso de la Alcaldía Iztapalapa, los hechos relacionados con la exhumación del cuerpo implican responsabilidad por la segunda vertiente.
De igual forma, se advierte que, si bien la Fiscalía General del Estado de Puebla ha esclarecido el caso en lo referente a la introducción del cuerpo de Tadeo al CERESO, a la fecha no existe una teoría o explicación que permita entender los motivos de la exhumación del cuerpo, su traslado entre distintas entidades federativas y su ingreso a un Centro de Reinserción, ni la relación entre los diversos actores estatales y particulares involucrados en cada una de las etapas.
El documento concluye con una serie de recomendaciones que han sido enviadas a distintas autoridades federales, estatales y municipales que tienen por objeto atender desde las obligaciones en materia de derechos humanos tanto el caso en concreto, como las causas estructurales relacionadas con la política de seguridad ciudadana.
Es importante señalar que reconocer e investigar la responsabilidad estatal en las graves violaciones a derechos humanos contribuirá a garantizar el derecho a la verdad para las víctimas, sus familiares y la sociedad, y se traducirá en un medio para reparar el daño a las víctimas. En ese sentido, el derecho a la verdad implica saber lo sucedido de la manera más completa posible, la identidad de los autores, las causas, los hechos y las circunstancias, por lo que la información que se genere al respecto, con el cuidado de datos personales o información sensible, debe ser de acceso público de manera oportuna, a través de mecanismos de transparencia proactiva.
Para el IDHIE, resulta fundamental que se investiguen en su totalidad tales violaciones a derechos humanos y que, es imprescindible, en el marco de la obligación estatal de garantizar los derechos humanos y del derecho a la verdad, reparar de forma integral el daño.
Atentamente
“La Verdad Nos Hará Libres”
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J”.
