Jesús Lemus/@chucho_lemus1
Los diputados locales dieron luz verde a la creación del Instituto de Pueblos Indígenas, pero no lograron el consenso necesario para castigar de 10 hasta 14 años de cárcel el robo dentro del transporte público, servicio mercantil o particular.
Lo anterior ocurrió en el marco de la sesión del Congreso del Estado de Puebla, donde se acusó en el primer tema, que la diputada local del PRI, Josefina García Hernández, logró una posición dentro del organismo, gracias a una negociación por su apoyo en favor de Francisco Romero Serrano como nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Sin embargo, la diputada local García Hernández negó la versión de los hechos y dejó en claro que la propuesta del Instituto de Pueblos indígenas que propuso el gobernador Miguel Barbosa Huerta, permitirá atender las demandas de este sector de la población.
Al final el tema se avaló con mayoría de votos, pese a la negativa de algunos legisladores como José Juan Espinosa Torres.
Sobre el segundo, se decidió regresar a la comisión de Procuración de Justicia del Congreso del Estado de Puebla, la reforma para castigar con hasta 14 años de cárcel el robo dentro del transporte público, servicio mercantil o particular.
El argumento de regresarla para un mejor análisis, explicó la diputada local del PRI, Rocío García Olmedo, obedece porque no eran claras las agravantes que mandarían a prisión a una persona que “asaltó con violencia un transporte público o se robó frutas” a los pasajeros que dependen de este servicio.
