El coordinador de Gabinete de Puebla, José Luis García Parra, rechazó que exista una persecución política contra TV Azteca y aseguró que la reciente diligencia realizada en las instalaciones de la televisora derivó de un procedimiento legal relacionado con incumplimientos en materia laboral.
En conferencia de prensa, el funcionario explicó que las acciones emprendidas contra la televisora fueron impulsadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno de México, tras detectar irregularidades en las condiciones laborales de los trabajadores.
Detalló que el 23 de enero de 2026 la autoridad federal impuso dos sanciones a Producciones Azteca Digital; la primera, por impedir una inspección laboral el 26 de septiembre de 2025; y la segunda, por no presentar documentación básica como reglamentos de trabajo, recibos de finiquito, constancias de vacaciones, pagos de aguinaldo y otros comprobantes laborales.
De ello, dijo, se desprenden multas que ascienden a aproximadamente 3.3 millones de pesos, mismas que no fueron cubiertas por la empresa, por lo que la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA) de Puebla inició el procedimiento de cobro en virtud del convenio de coordinación fiscal existente con la Federación.
Explicó que, aunque la empresa promovió un juicio de nulidad y obtuvo una suspensión condicionada al otorgamiento de una garantía fiscal, no presentó dicha garantía dentro del plazo establecido, por lo que el 27 de mayo las autoridades emitieron una orden de embargo, la cual se ejecutó dos días después.
No obstante, el apoderado legal de TV Azteca, quien firmó la documentación correspondiente, presentó una póliza de fianza para garantizar el interés fiscal, lo que permitió suspender el procedimiento de embargo.
Añadió que actualmente, la Secretaría de Finanzas revisa la validez de dicha garantía y en las próximas horas determinará si cumple con los requisitos legales.
