Carlos Gómez / @gomezcarlos79
Morena tomó como bandera política la cancelación de la concesión del agua en Puebla desde las elecciones del 2018.
El ex gobernador, Miguel Barbosa, aseguró que cuando fuera mandatario le quitaría la concesión a la empresa Agua de Puebla y no cumplió.
La ex presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera, también prometió cancelar la concesión y tampoco pudo.
En las pasadas elecciones, Alejandro Armenta y Pepe Chedraui fueron más cautos y señalaron que analizarían la viabilidad de la cancelación de la concesión del agua, pero los dos ya se dieron cuenta con económicamente no es viable porque costaría al erario 8 mil millones de pesos.
Este 26 de septiembre que los diputados locales aprueben citar a comparecer a los directivos de Agua de Puebla y del SOAPAP lo intentarán vender como un “gran logro político” y una promesa de campaña cumplida.
Sin embargo, ese “logro político” no servirá de nada porque no pueden obligar a la empresa a prácticamente nada, ni bajar las cuotas, ni mejorar el servicio, ni garantizar el abasto del agua.
Sólo será un circo mediático porque la empresa no está obligada a prácticamente nada porque así lo establece la concesión que se entregó en el 2014 por un periodo de 30 años.
La comparecencia de Héctor Díaz Durán de Agua de Puebla y de Gustavo Gaytán Alcaraz no servirá de mucho.
La concesión que entregó Rafael Moreno Valle blinda a la empresa de cualquier acción administrativa o legal por parte del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Puebla.
Moreno Valle entregó a empresarios el agua de los poblanos con candados legales para hacer de Agua de Puebla una empresa que puede operar libre e impunemente.
Y será hasta el 2044.
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