El Congreso del Estado declaró como prioridad la reforma al Código Penal enviada por el gobernador Alejandro Armenta, la cual busca desmantelar las redes de despojo de propiedades que operan mediante falsificaciones y actos simulados en la entidad.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez, señaló que el despojo dejará de ser considerado un delito menor.
La propuesta contempla de 6 a 12 años de cárcel para quienes participen en el robo de propiedades.
Asimismo, se impondrán de 7 a 15 años de prisión para quienes financien, dirijan o sean autores intelectuales de estas redes, así como multas que oscilan entre los 11 mil y 175 mil pesos.
Afirmó que la reforma pone el foco en detener los abusos contra quienes el “Cártel Inmobiliario” ha identificado como blancos fáciles, como adultos mayores y comunidades indígenas.
“Lo se propone es cuidar a las víctimas vulnerables, niñas, niños, personas de la tercera edad, compañeras y compañeros indígenas del abuso que existió para defraudar a los poblanos. Para el Congreso del Estado es prioridad”, comentó Gaspar Ramírez.
Los servidores públicos que faciliten información o simulen actos jurídicos enfrentarán inhabilitación inmediata y procesos penales.
La propuesta contempla de 6 a 12 años de cárcel para quienes participen en el robo de propiedades.
Asimismo, se impondrán de 7 a 15 años de prisión para quienes financien, dirijan o sean autores intelectuales de estas redes, así como multas que oscilan entre los 11 mil y 175 mil pesos.
Afirmó que la reforma pone el foco en detener los abusos contra quienes el “Cártel Inmobiliario” ha identificado como blancos fáciles, como adultos mayores y comunidades indígenas.
“Lo se propone es cuidar a las víctimas vulnerables, niñas, niños, personas de la tercera edad, compañeras y compañeros indígenas del abuso que existió para defraudar a los poblanos. Para el Congreso del Estado es prioridad”, comentó Gaspar Ramírez.
Los servidores públicos que faciliten información o simulen actos jurídicos enfrentarán inhabilitación inmediata y procesos penales.
