La síndica municipal, Guadalupe Arrubarrena García señaló que debido a que la Sala Superior del Tribunal Agrario no ha emitido un resolutivo, esta problemática será heredada al gobierno de José Chedraui Budib.
En entrevista indicó que el proceso jurídico comenzó en 2020, y en 2021 fue notificado el gobierno de la ciudad y de la contestación al mismo, y para mayo del 2022 se emitió una sentencia.
Ante esto, explicó que como ayuntamiento consideran que no se tomaron en cuenta muchas de las defensas que se emitieron en la demanda, por lo que se fueron a instancias superiores como es el Tribunal Agrario.
Agregó que no existe una sentencia firme, porque hay instancias judiciales a las que se pueden seguir, incluso dijo que después del resolutivo que emita la Sala Superior se pueden amparar.
La funcionaria municipal indicó que no hay una “cantidad liquida”, esto quiere decir que no está cuantificado cuanto tiene que pagar el gobierno de la ciudad a los afectados por la expropiación de sus predios para la construcción de cinco vialidades al sur de la ciudad, que se realizó en 1966.
Asimismo, indicó que los demandantes pueden establecer una cifra, pero esta la va a determinar la instancia correspondiente.
Arrubarrena García comentó que los afectados están reclamando más de mil millones de pesos y comentó que a pesar de que no les dará tiempo resolver, realizarán reuniones para dialogar.