Con voto de oposición, diputados aprobaron extinción del Seguro Popular en Puebla

Con el voto de la oposición, los diputados locales consumaron la extinción del denominado Seguro Popular que en administraciones emanadas del PAN, “se convirtió en un nido de ratas” por la malversación de recursos públicos y se dio paso a la homologación del nuevo sistema de salud denominado Insabi, que se promueve desde el gobierno federal.

Lo anterior ocurrió en el marco de la sesión del Congreso del Estado de Puebla, donde el titular de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, recordó que la desaparición del Organismo Público Descentralizado (OPD), obedece a una reforma del gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Ante este escenario, recordó que la Auditoría Superior de la Federación (ASE), documentó que en la Secretaría de Salud a cargo de Jorge Aguilar Chedraui durante el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, se malversaron recursos por 124 millones de pesos que siguen sin solventarse por parte del también ex diputado local del PAN.

Por su parte, la diputada local del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia, consideró que la figura del Insabi es un fracaso en el país, pues se carece de personal médico para atender diversos padecimientos, principalmente quienes sufren de la pandemia del COVID-19.

Destacó que se trata de una política errónea para el caso de Puebla, donde existen fuertes carencias en materia de salud desde el gobierno federal, que sigue sin destinar los recursos para la sustitución del Hospital de San Alejandro que resultó dañado tras los sismos de 2017.

Durante la misma sesión del Congreso del Estado de Puebla, los diputados locales sacaron por unanimidad una reforma al Código Penal, para perseguir por oficio, principalmente cuando son por odio, las agresiones que sufra el personal médico durante una crisis sanitaria, epidemia o pandemia.

Esta reforma promovida por la diputada local de Morena, Tonantzin Fernández Díaz, viene a fortalecer la que presentó el gobernador Miguel Barbosa Huerta hace meses, donde se establecen 6 años de prisión por agresiones al personal médico durante una crisis sanitaria.