Luego que PEMEX no aceptó la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tras las explosiones de octubre de 2021 en San Pablo Xochimehuacan, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, señaló que dicha postura complica la atención que el Gobierno Municipal sí quiere dar para garantizar la seguridad de las y los habitantes.
En entrevista, este jueves por la mañana, el edil recalcó la disposición de su administración para atender la recomendación que emitió la CNDH en cuanto a un trabajo conjunto para la reparación de los daños que dejó la explosión de hace dos años en la junta auxiliar de la capital.
“Nosotros ya aceptamos esa recomendación y estaremos en la disposición de colaborar con las indicaciones que dictó la CNDH, pero ahora PEMEX al no aceptarla pues va a complicar el poder atender la misma.
“Yo lo que he expresado, pareciera una locura, si se construyó un tren maya, solo por poner un ejemplo, y si es capaz de hacer una gran inversión para hacer una infraestructura de ese tipo, pues ¿los ductos que pasan por la zona norte de Puebla no se pudieran reubicar?”, preguntó.
Admitió que muchas viviendas están asentadas en una zona de alto riesgo por la presencia de ductos de PEMEX, situación que además genera otros delitos ante el robo de hidrocarburos.
“Están en una zona de alto riesgo poblacional, entonces, para nosotros como gobierno es algo que siempre nos ha preocupado. Los problemas además de incidencia delictiva que tenemos en la zona norte y en todo el corredor Tepeaca, Amozoc, San Martín y el Triángulo Rojo, precisamente son por el huachigas o huachicol.
Nosotros seguiremos en la disposición de colaborar para llegar a un buen entendimiento con las demás instituciones. Le pediré a la Sindicatura pueda reunirse con los directivos de PEMEX porque pues lo importante es que colaboremos para atender esta situación en particular”, manifestó.
Al final, el edil agregó desconocer los alcances de la decisión de PEMEX, pero esperó una postura sobre la misma.
La CNDH recomendó procedar a la inmediata reparación integral del daño a 12 de las víctimas directas y a su primer círculo familiar. Así también tomar en cuenta a las 11 víctimas indirectas, familiares de cinco víctimas fallecidas; dicha reparación deberá incluir la medida de compensación.
Además, de atención psicológica y tanatológica hasta que alcancen el más alto nivel posible de sanación psicológica, entre otras acciones en beneficio de las y los afectados.
