La presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, dijo desconocer la reforma que permitiría que el próximo gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta tenga injerencia en los mandos policiales de la capital poblana, sin embargo, se pronunció a favor de una coordinación entre los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad de la población.
La edil emanada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) destacó que a través de las mesas de seguridad se han dado resultados, aunque admitió que pequeños, pero hacia adelante y en coordinación entre federación, estado y municipio.
La alcaldesa insistió que no conoce los alcances de la iniciativa para emitir una nueva Ley de la Administración Pública del Estado de Puebla donde se remueve el artículo 29 que permitía al gobernador en turno incidir en los mandos policiales de los municipios donde residiera.
Por esta razón, y por desconocer el documento que Miguel Barbosa Huerta envió al Congreso del Estado a través de los diputados de Morena, Partido del Trabajo y PES, acotó que tendría que leer la iniciativa para dar una postura al respecto.
“Es una ley que se está presentando, yo no la conozco. Tendría que leerla para dar mi opinión. Lo que sí creo y he observado es que debe haber una coordinación entre los tres órdenes de gobierno en todos los sentidos, pero principalmente en seguridad”, expresó.
Cabe hacer mención que, de acuerdo a la exposición de motivos del documento, en la ley vigente al gobernador le corresponde el mando de las fuerzas estatales y municipales en demarcaciones donde éste resida habitualmente, sin embargo, aclara que “esta disposición contraviene lo dispuesto en los artículos 115 constitucional, fracción VII y el 79, fracción X de la Constitución del Estado, que le otorgan ese mando sobre la policía municipal en aquellos casos que el mismo gobernador juzgue como de fuerza mayor o alteración grave”.
De este modo, corrige el Artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública que se creó durante el morenovallismo que le daba al titular del poder ejecutivo la facultad de decidir sobre los mandos policiales municipales en la entidad.
