Organizaciones y colectivas feministas expresaron su profunda indignación por la decisión de la jueza de control Alejandra Román Pérez, del Poder Judicial del Estado de Puebla, quien determinó liberar a Ricardo “N”, primer hombre vinculado a proceso por Violencia Vicaria en Latinoamérica.
La resolución modificó la medida de prisión preventiva justificada por arresto domiciliario, a pesar de que la propia jueza reconoció que existe riesgo real de sustracción del menor.
De acuerdo con el posicionamiento emitido por activistas y defensoras de los derechos de las mujeres, la decisión se tomó sin una evaluación de riesgo reciente ni garantías de seguridad para las víctimas.
Señaló que el imputado vivirá en el domicilio de sus padres, quienes previamente ocultaron su paradero mientras su madre Andrea Lezama Bonilla luchaba por la custodia de el menor.
Además, la jueza consideró improcedente el uso de un brazalete electrónico por supuesta falta de recursos económicos del acusado.
Las colectivas denunciaron que esta resolución prioriza los derechos del agresor por encima de la seguridad e integridad de Andrea Lezama Bonilla y el menor, evidenciando una falta de sensibilidad y perspectiva de género por parte del Poder Judicial.
Subrayó que el caso de Andrea Lezama Bonilla representa un retroceso preocupante en la lucha contra la violencia vicaria en Puebla, está es una forma de violencia extrema hacia las mujeres y sus hijos.
El caso ha cobrado relevancia internacional por tratarse del primero caso en América Latina en que se judicializa la violencia vicaria.
Activistas exigieron al Poder Judicial de Puebla garantizar medidas reales de protección para las víctimas y justicia para Andrea Lezama Bonilla, quien ha enfrentado años de lucha legal en busca de sus derechos humanos.
