Jesús Lemus/@chucho_lemus1
El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, planteó ante el Congreso del Estado una reforma al Código Penal, que busca castigar de 3 a 6 años de prisión cuando se cometa actos de discriminación hacia personal médico mientras haya una declaración de emergencia sanitaria como el COVID-19.
Lo anterior en el artículo 357 del Código Penal, donde se explica que cuando la conducta sea cometida contra médicos, cirujanos, personal de enfermería y demás profesionales y auxiliares del sector público o privado en el área de la salud.
“Cuando la conducta sea cometida en contra de médicos, cirujanos, personal de enfermería y demás profesionales similares y auxiliares, del sector privado o público durante el periodo que comprenda la declaración de una emergencia sanitaria, la pena de prisión incrementará de tres a seis años”.
También se agrega un párrafo al artículo 438 Bis, donde se castigarán los delitos cometidos contra el sector médico a raíz de sus funciones y la penas aumentarán a lo que corresponda de acuerdo a lo que ya establece actualmente este Código Penal según sea el caso.
“Tratándose de delitos cometidos en contra de médicos, cirujanos, personal de enfermería y demás profesionales similares y auxiliares del sector público que presten servicios de salud en términos de la ley de la materia, que en ejercicio de sus funciones o derivado de las mismas, durante del periodo que comprenda la declaración de una emergencia sanitaria, la pena aumentará en un tanto, además de la que corresponda por el o los delitos cometidos”.
Con base en la Secretaría de Gobernación federal, la semana pasada el estado de Puebla se ubicó en la doceava posición con mayor número de ataques hacia el personal médico, que en las últimos días se caracterizan por atender a pacientes del COVID-19.
