Integrantes del Observatorio Ciudadano Laboral informaron que este año se cumplieron siete años de la privatización del agua potable en la capital y municipios de la zona conurbada; tiempo en donde no solo se incrementó en un 500 por ciento la tarifa de este servicio, sino que también se ha suspendido dicha prestación a más de 100 mil familias poblanas en los últimos dos años.
“Este 2020 se cumplieron siete años de la privatización del servicio de agua potable en la ciudad de Puebla y municipios del área conurbada; durante este periodo, la empresa Concesiones Integrales S.A de C.V, que obtuvo la concesión por 30 años y con miras a ampliarse hasta 60 más, ha incurrido en una serie de irregularidades y violaciones a los derechos humanos al no garantizar los servicios a la población”, leyó Marco Antonio Mazatle Rojas.
Asimismo, sostuvo que actualmente el Soapap cuenta con un presupuesto anual de 1 mil 400 millones de pesos, que se duplica por recaudación, aunque mantiene una deuda pública de 1 mil 572 millones de pesos al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, misma que el Gobierno del Estado deberá pagar en un plazo que concluye el próximo 30 de julio de 2028.
Añadió que actualmente miles de poblanos de más de 200 colonias populares de la capital se encuentran sin una sola gota de agua en sus hogares, situación que resulta grave debido a la contingencia sanitaria por Covid-19.
“Tampoco funcionan al 100 por ciento las 17 plantas tratadoras de aguas residuales en la capital, pero la empresa sí cobra el saneamiento a los ciudadanos”, añadió.
Por lo anterior, pidió que el gobernador Miguel Barbosa Huerta exhorte al Congreso del Estado a tratar el tema y se apruebe la desprivatización del líquido vital, antes de concluya la actual legislatura.
