La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla detectó posibles daños patrimoniales por 305 millones 88 mil 868 pesos en las cuentas públicas de San Andrés Cholula correspondientes al Ejercicio Fiscal 2024.
Las observaciones abarcan tanto el cierre de la gestión de Edmundo Tlatehui Percino como el inicio de la administración de Guadalupe Cuautle Torres.
El pliego de observaciones del órgano fiscalizador destaca tres rubros críticos donde no se pudo acreditar el uso legal de los recursos.
Se detectaron gastos por 22 millones 292 mil 43 pesos en combustible y aditivos para el parque vehicular oficial.
Aunque el ayuntamiento presentó documentos legales, omitió entregar los contratos, los cortes diarios de consumo y los comprobantes de carga necesarios para verificar el suministro real de los bienes. Además, no se justificó por qué se omitió realizar una licitación pública para estas adquisiciones.
Existe una observación de 23 millones 412 mil 328 pesos en la subcuenta de terrenos. La autoridad municipal no logró acreditar la fuente de financiamiento ni demostrar que dicho gasto estuviera apegado al Presupuesto de Egresos o a las leyes de disciplina financiera y contabilidad gubernamental.
Se observó un monto de 22 millones 645 mil 703 pesos en servicios de orden social. La auditoría señaló que los contratos fueron firmados por un servidor público que carecía de facultades legales para ello. Asimismo, el ayuntamiento no presentó evidencia de que los servicios se hubieran recibido efectivamente, ni los documentos del proceso de licitación.
La administración de San Andrés Cholula tiene la obligación de solventar y justificar debidamente cada uno de los montos señalados.
De no hacerlo, estas inconsistencias en el manejo de los recursos públicos podrían configurarse formalmente como un daño al patrimonio público, derivando en las sanciones administrativas o penales correspondientes.
