El coordinador de los diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN), Marcos Castro Martínez, denunció el uso de las instituciones públicas como un “garrote político” para intentar frenar la carrera de Eduardo Rivera Pérez rumbo al proceso electoral de 2027, luego de que el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) proyectara una inhabilitación de 15 años y una multa de 15 millones de pesos en su contra.
El líder parlamentario señaló que llama la atención el momento en que se reactiva este expediente por presunto abuso de funciones, coincidiendo con el arranque formal del ciclo electoral local y dirigiendo los señalamientos hacia uno de los perfiles opositores con mayor posicionamiento en la capital del estado.
“Llama la atención que si efectivamente, como lo han dicho varios columnistas, el tema es que Eduardo es uno de los mejor posicionados, suena muy interesante que sea a quien se le haga la observación; me parece que hoy en día eso es lo que menos se puede hacer desde el ejercicio del gobierno”, recriminó Castro Martínez.
Frente a este escenario, la bancada blanquiazul sostuvo una reunión de trabajo para acordar la estrategia parlamentaria y fijar una postura de respaldo institucional a la legalidad y al debido proceso.
Asimismo, Castro Martínez dio a conocer que sostuvo comunicación con Rivera Pérez, quien le ratificó que recurrirá a los tribunales federales para combatir el fallo del TJA.
