Aclara Barbosa que policías estatales no estuvieron presentes durante el linchamiento de Daniel Picazo

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DANIEL PICAZO (ESPECIAL)

La Policía de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Puebla no estuvo presente en Huauchinango, durante el linchamiento del joven Daniel Picazo, aclaró el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.

En su habitual conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo Estatal comentó que los destinatarios –Ayuntamiento de Huauchinango y la SSP- deberán aceptar o no la recomendación emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Puebla.

“Los destinatarios de esa recomendación tendrán que aceptarla o no aceptarla, no se llevan las cosas de manera adecuada cuando se dice la Policía Estatal fue omisa, la Policía Estatal no estaba ahí.

Entonces, todo eso se va a tener que alegar mediante un documento sobre si se acepta o no por los destinatarios (…). Que quede claro, la conducta omisiva fue de la Policía Municipal de Huauchinango y no de la Policía Estatal”, mencionó.

De este modo, Barbosa Huerta puntualizó que la conducta omisiva fue de la Policía Municipal de Huauchinango. Aunado a ello, también refirió que, pese al documento publicado por la comisión antes referida, el Gobierno del Estado mantiene su disposición de reparar el daño a favor de la familia del abogado Daniel Picazo, quien, lamentablemente fue linchado y torturado en junio del año en curso en la comunidad de Papatlazolco.

“Las Comisiones de Derechos Humanos pues que sus resoluciones sean congruentes, exhaustivas y completas (…). Me dicen los asesores del Gobierno del Estado que nada de lo alegado por la SSP está considerado en la resolución”, acotó.

Al final, esperó que todas las resoluciones de las comisiones de derechos humanos estén ajustadas a derecho y a los hechos, no en una orientación.

La Comisión de Derechos Humanos en Puebla emitió una recomendación dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública y al Ayuntamiento de Huauchinango, en la que instruyó otorgar una reparación del daño a la familia de la víctima e identificar y sancionar a los servidores públicos omisos que presenciaron el linchamiento.