El Congreso local pidió que se garanticen los derechos humanos de los menores infractores para que sean separados del Centro Penitenciario de San Miguel y no estén en riesgos ante un posible contagio del COVID-19.
La diputada local del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia, señaló que el CERESO de San Miguel fue adaptado para atender a una población adulta y no para los menores infractores del estado de Puebla.
Señaló que el tema no se trata de un asunto político, sino de garantizar una protección a los derechos humanos de los menores, tomando en cuenta que el gobierno del estado tiene cifras oficiales sobre reos enfermos por COVID-19.
La panista dijo que la Red por la Infancia y la Adolescencia, junto con otras 20 agrupaciones civiles, han mantenido un trabajo de supervisión de índole social, para evitar que a estos menores infractores se les violen sus derechos mientras se encuentran en San Miguel.
“Es importante que no se sigan poniendo limitantes a sus familiares para visitarlos, pues éstos son pieza clave para la reinserción de las y los adolescentes; máxime que la razón por la que fueron traslados al Centro Penitenciario de San Miguel, no corresponde a los casos citados”.
El Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes, mejor conocido como CIEPA, fue adaptado como lugar para atender a reos adultos que fueran clasificados con la crisis sanitaria del COVID-19, que por eso algunos menores infractores se trasladaron a la cárcel de San Miguel.
