Erick Becerra
La coordinación Iglesia-Estado dio buenos resultados este sábado, cuando juntos, el gobernador Miguel Barbosa y el arzobispo Víctor Sánchez, inauguraron la réplica de la Capilla Sixtina, en el atrio de Catedral.
Para una entidad católica en su mayoría, la exhibición de la obra principalmente de Miguel Ángel, es un estandarte previo a las festividades decembrinas.
Lo midió bien Víctor Sánchez: detonar el turismo -local, nacional y extranjero- con un espacio sin duda atractivo para muchos seguidores de la religión y aquellos que aunque piensen distinto apreciarán la obra de arte.
Bueno, fue el mensaje del gobernador en su discurso previo a la inauguración el sábado, ante un público amplio y diverso.
Al final, se asume como creyente y fiel a su convicción respalda esta exhibición que mínimo recibirá a un millón de personas.
Igualmente destaca el café que se tomó con el senador Alejandro Armenta, después de la inauguración de la Sixtina.
Con esto, queda claro que su única oposición real es el PAN, y se agota la corriente crítica interna.
Desde los corrillos:
I. Muy destacado, que este viernes agentes ministeriales se acreditaron en los terrenos de “Vaquerías”, predios que controla y administra el Suntuap dirigido por Guillermo López Mayo.
Al lugar llegaron investigadores y un fiscal para practicar diligencias relacionadas con la demanda por fraude contra López Mayo.
De acuerdo con la carpeta de investigación con el expediente 4374/2019 de la Fiscalía General del Estado, los jubilados de la UAP Antonia Carreón Olivas y José Armando Nieto Meza denunciaron a López Mayo, de haberlos defraudado con 80 mil pesos por cada uno por la presunta compraventa de un terreno para los trabajadores universitarios.
Ya le diré qué pasa más adelante.
II. Preguntas sobre la reforma a la ley del agua
Al prohibir el recurso de “ejecución” o sea, cortar el servicio, le hago unas preguntas:
¿Qué privilegio deben tener los usuarios del servicio que simplemente no pagan? ¿Entonces deberíamos dejar de pagar todos y simplemente cuidarse de no consumir más de 400 litros al día?
¿Quién va a pagar lo que dejen de cubrir los deudores?
¿Si no le pueden suspender el servicio, como ocurre con los teléfonos celulares, el teléfono fijo, el gas o la tv por cable, ¿se podrá hacer algo más grueso como el embargo?
Cómo se garantiza que consumen menos de 300 litros?
¿Tal vez obliguen a los usuarios a colocar medidores?
¿Si deben más de un periodo o año, cómo podrán cobrarles lo de anteriores periodos?
¿Cómo esperan combatir el mal uso del agua si se eliminan las sanciones?
Conste: sólo son preguntas.
Gracias y nos leemos el miércoles.
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