Plantea Delfina Pozos que los Ayuntamientos paguen a quienes arreglen vialidades abandonadas

La diputada Delfina Pozos Vergara impulsa una iniciativa para que las y los ciudadanos puedan participar legalmente en la reparación de baches y deterioros menores en las vialidades, sin recibir sanciones y con derecho a recuperar los gastos que realizan.

La propuesta adiciona el artículo 199 Ter a la Ley Orgánica Municipal y establece un mecanismo de participación ciudadana que obliga a los Ayuntamientos a responder las solicitudes de reparación en un plazo máximo de diez días hábiles.

Si la autoridad municipal no atiende el reporte dentro de ese periodo, la persona solicitante puede obtener autorización para realizar la reparación con recursos propios, siempre bajo las especificaciones técnicas que establezca el municipio.

Además, la iniciativa reconoce el derecho al reembolso de los gastos previamente autorizados, debidamente comprobados y técnicamente validados. De esta manera, quien aporta su dinero para resolver un problema que corresponde atender al gobierno municipal no tiene que absorber por su cuenta el costo de esa intervención.

Delfina Pozos señala que los baches no solamente dañan los vehículos, también incrementan el riesgo de accidentes, dificultan el tránsito peatonal y afectan las actividades económicas y cotidianas de miles de familias.

La legisladora indica que existe una contradicción cuando los Ayuntamientos no atienden oportunamente el mantenimiento de las calles y, al mismo tiempo, las personas que buscan solucionar el problema se enfrentan a restricciones administrativas o incluso a sanciones.

Por ello, la iniciativa contempla cuatro garantías fundamentales: un plazo obligatorio de diez días hábiles para que el Ayuntamiento atienda las solicitudes; la posibilidad de que la ciudadanía obtenga autorización para reparar el desperfecto ante la falta de respuesta municipal; el reembolso de los gastos autorizados, comprobados y validados técnicamente; y la prohibición de imponer sanciones administrativas a quienes participen legítimamente en este mecanismo.

Finalmente, la propuesta también establece que los ayuntamientos incluyan en sus presupuestos los recursos necesarios para operar este mecanismo.