En el marco de los preparativos para los próximos comicios, la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Puebla asumirá la facultad de revisar los antecedentes de los aspirantes a cargos de elección popular para detectar posibles vínculos con el crimen organizado, aunque la determinación final de inscribirlos o mantenerlos en contienda seguirá siendo atribución exclusiva de los partidos políticos.
La vocal ejecutiva del órgano electoral en la entidad, Claudia Rodríguez Sánchez, explicó que este nuevo mecanismo de supervisión se deriva de la reforma electoral aprobada en el presente año. Recordó que en procesos pasados el instituto carecía de injerencia en la fiscalización previa de los perfiles presentados por las fuerzas políticas, responsabilizándolas directamente tras la detención de alcaldes en funciones durante la actual administración.
Para concretar las indagatorias, la representación del INE trabajará coordinadamente con la mesa de seguridad pública, solicitando información a dependencias estatales y federales para identificar si algún perfil representa un factor de riesgo o mantiene nexos con células delictivas.
No obstante, Rodríguez Sánchez aclaró que las alertas emitidas por la autoridad electoral no tendrán carácter vinculante. El instituto se limitará a notificar los hallazgos a los partidos políticos para que estos determinen si proceden o no con las candidaturas.
Asimismo, la funcionaria sostuvo que al momento no se detectan focos rojos o situaciones de riesgo generalizado en el territorio poblano, e informó que en fechas próximas se formalizará la instalación de la mesa interinstitucional de seguridad para dar seguimiento al desarrollo del proceso.
