Diputados del Congreso del Estado exigieron formalmente una auditoría forense a profundidad contra la empresa Agua de Puebla para Todos ante el incumplimiento generalizado de su título de concesión.
La intención de los legisladores es revisar el contrato original y sus modificaciones para proceder con su revocación definitiva sin pagar penalizaciones millonarias.
El presidente de la Jugocopo, Pavel Gaspar Ramírez, calificó el servicio como pésimo y caro, señalando que esta privatización fue un “blindaje” heredado en 2013 por el gobierno panista de Rafael Moreno Valle.
Por su parte, la diputada Fedrha Suriano Corrales (MC) propuso la intervención de la ASE y la FGE para rastrear un presunto fraude en el acuerdo modificatorio de 2014, lo que permitiría disolver el convenio por la vía legal.
A las críticas se sumaron las diputadas Guadalupe Vargas Vargas (PVEM), quien reveló que la firma solo cumplió con 9 de 31 indicadores contractuales, y Delfina Pozos Vergara (PRI), quien reiteró que las deficiencias del servicio son motivo suficiente para retirar la concesión.
