Vera Fernández
El papel del Partido Acción Nacional (PAN) como oposición en Puebla ha sido, por decir lo menos, débil y vergonzoso.
La polémica que giró en torno a la Ley de Ciberseguridad dejó al descubierto la falta de un partido político crítico y propositivo en el estado.
Porque ojo, no basta con cuestionar las decisiones que toma la fuerza política en el poder, sino también deben realizarse contrapropuestas reales y útiles.
En el caso del PAN, el papel que adoptó su dirigente estatal, Mario Riestra Piña, dejó mucho que desear dentro y fuera de sus filas.
Desde el inicio del debate público por la tipificación del delito de ciberasedio, Riestra agachó la cabeza y fijó una postura tibia sin más.
Emitir un comunicado, reconociendo la disposición del Gobierno del Estado por sugerir la realización de foros ciudadanos para socializar la ley, ¿es de una oposición seria?
No sólo eso, sino que las diputadas y diputados locales de su bancada no pudieron presentar, en casi un mes, una iniciativa funcional para corregir los vicios que ellos mismos señalaron en el artículo 480 del Código Penal del Estado.
Ni en las reuniones privadas, ni en los foros ciudadanos, ni en las mesas de trabajo que sostuvieron durante tres semanas en el Congreso de Puebla, pudieron concretar una proyecto de mejora.
Las y los legisladores panistas prefirieron esperar hasta el 10 de julio, cuando supieron que se votarían en el Pleno las modificaciones al delito de ciberasedio, para presentar una propuesta reformatoria.
¿Y qué presentaron? Una redacción igual de ambigua que la que tanto criticaron; es más, hasta inconstitucional y violatoria de los derechos humanos.
La iniciativa, promovida por la diputada Susana Riestra Piña, únicamente cambió el concepto de ciberasedio por ciberacoso, pero dejando prácticamente la misma redacción y las mismas penas corporales.
“Comete el delito de ciberacoso quien hostigue, amenace o incite a la violencia de manera dolosa, repetitiva o sistemática, a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, como son redes sociales, correo electrónico o cualquier otro espacio digital, con la finalidad de causar un daño en la dignidad personal o cualquier otro bien tutelado por la norma”, señala el proyecto que entregaron.
Además, en ninguna parte de la propuesta adicionaron un párrafo en el que se excluyera a periodistas de las sanciones, o que especificara que los servidores públicos no podrían beneficiarse de las mismas.
¿Realmente les preocupaba el respeto a la libertad de expresión y las garantías a los derechos humanos? ¿O sólo querían ganar reflectores?
Vaya oposición de papel.
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