Por Manuel Carmona
De manera reactiva más que preventiva, cada vez que se suscita algún acontecimiento trágico o reprobable sobrevienen de inmediato una serie de opinólogos y comentócratas para ofrecer una cátedra de cómo pudo haberse evitado, tal o cual hecho. Sin embargo esta actitud humana se convierte en un problema mayor cuando dichas personas tienen alguna representación o atribuciones legales para incidir en la vida de una sociedad y de manera irresponsable sin haber analizada la situación de fondo pretenden dar soluciones a la ligera con base en puntadas y meras ocurrencias.
Me refiero al caso del niño Juan Lorenzo “N” de 7 años que el pasado jueves 6 de febrero del año en curso se suicidó en su domicilio en el barrio de Ayehualulco en el municipio de Zacatlán, Puebla, a consecuencia del bullying escolar que sufría en la escuela primaria donde cursaba su educación primaria, lo que provocó de manera natural y de inmediato una condena unánime al sistema educativo en México por parte de diferentes sectores de la sociedad, incluido no podían faltar: los políticos sin ningún conocimiento del contexto en que se dieron los lamentables acontecimientos.
Lo que casi todos olvidaron es que desde hace más de medio siglo un grupo de especialistas en todo el mundo comenzaron a realizar estudios serios entorno al bullying escolar y que el precursor fue el psicólogo noruego Dan Olweus y que a la fecha en lo único que existe consenso sobre sus orígenes, consecuencias y alternativas de atención, es que la manera de enfrentarlo es multi factorial, no es un asunto tan simple que pueda atribuirse a una causa única.
Por lo tanto a este comportamiento humano negativo se le debe dar un ENFOQUE INTEGRAL, al cual le compete participar al sistema educativo, a los docentes, a los padres de familia y también la asistencia al menor afectado para enseñarlo a manejar este tipo de situaciones, desafortunadamente tan comunes en las escuelas.
No obstante, pese a las exhaustivas investigaciones, pese a los protocolos que se han ido desarrollando y pese a las capacitaciones que se han venido impulsando en los sistemas educativos en el mundo, no ha sido fácil la implementación exitosa de estos programas, al grado tal que a la fecha no ha sido posible erradicarlo, sin que esto signifique que no deba seguirse trabajando en eso el tiempo que sea necesario, como en muchos otros aspectos de la vida humana.
En pocas palabras el tema de la atención al bullying escolar es un tema bastante amplio y complejo y no se va a terminar por decreto sino con mucho trabajo desde diferentes frentes de la sociedad y de las propias instituciones de gobierno, toda vez que es una responsabilidad COMPARTIDA.
Sin embargo la semana pasada el caso antes referido se convirtió en polémica ante la postura totalmente populista del diputado local Roberto Zatarain Leal, que para acabar con el bullying propuso con extrema ligereza, simplemente criminalizar a los maestros, a los directivos de los centros educativos e incluso hasta imponer sanciones económicas a los menores de edad que incurran en prácticas de acoso escolar. Es decir, de un plumazo el legislador en unos cuantos días encontró la solución definitiva a todo un fenómeno que lleva más de medio siglo de estudio y de desarrollo de protocolos de atención en los sistemas educativos del mundo.
Ya en este espacio en ocasiones anteriores hemos analizado y expuesto que las decisiones de gobierno que no están basadas en estudios, en un DIAGNOSTICO donde se encuentre sustentado el origen de un problema y sus mecanismos de solución de manera integral que contemple mecanismos, costos y plazos de ejecución, entonces se reducen simplemente a meras ocurrencias o puntadas que nacen desde más la irresponsable improvisación que tanto daño le ha hecho al país desde hace décadas.
Por esa razón cobra sentido hoy más que nunca la ingente necesidad de profesionalizar el servicio público que se brinda desde los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En este caso en particular, lo que ya se debería es actualizar los requisitos que establece el artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Puebla para ser Diputado, que en este momento solo se limita a cumplir con:
I).- Ser ciudadano del Estado en ejercicio de sus derechos
II).- Saber leer y escribir
III).- Tener 18 años cumplidos el día de la elección
En el caso del diputado Roberto Zatarain Leal tiene estudios universitarios en administración pública y a decir de la información contenida en su página web oficial, en el ámbito personal se ha dedicado toda su vida al estudio de las ciencias del auto conocimiento, la meditación y la exploración de vivencias profundas (sic) pero por otro lado, en las funciones públicas por la que cobra es un verdadero neófito e improvisado en temas de gobierno y específicamente en la actividad legislativa.
Ya es hora de reformar la fracción II del artículo 36 y se suprima el simple requisito actual que para ser diputado solo se requiere saber leer y escribir y se imponga el perfil profesional de abogado, algo elemental de formación académica que ayudaría a que los diputados del futuro sepan lo básico de leyes y no confundan linchar, con legislar….
- El autor es abogado, escritor y analista político.
