Melanie Isahmar Torres Melo / @Isahmar_Torres
Durante su sexenio, Rafael Moreno Valle orquestó una “estafa maestra” en complicidad con sus colaboradores del área de Finanzas y al menos cinco universidades, logrando el desvío de recursos de cerca de 40 millones de pesos.
Así lo revelaron David Méndez y Carlos Figueroa Ibarra, voceros de la campaña de Miguel Barbosa, candidato de Morena a la gubernatura del estado, quienes mostraron la documentación en la que constan irregularidades en la asignación de recursos a algunas universidades.
Según detallaron, el fraude consistió en que los rectores de la Universidad Metropolitana de Teziutlán, la Universidad Interamericana, Universidad Tolteca, Universidad del Desarrollo y el Centro Universitario Irlandés solicitaron recursos al gobierno del estado bajo el concepto de evaluación del programa académico y algunos otros rubros.
De forma casi inmediata, el gobierno estatal encabezado por Moreno Valle, otorgó estos recursos a dichas instituciones y posteriormente, el 90% del dinero era devuelto a Rafael Moreno Valle, el entonces secretario de Finanzas, Roberto Moya Clemente, el subsecretario de Finanzas Eduardo Tobilla Lara, el director de presupuesto Raúl Egremy Palomeque y el Coordinador de Finanzas Sergio Ponce de León Llaca.
El 10% de los recursos quedaba en manos de los rectores de dichas instituciones, y casi de forma exprés tras haber recibido estos recursos, se informaba de haber cumplido con las actividades y objetivos planteados.
Como ejemplo, David Méndez mostró documentos en que una de las universidades solicitó el recurso el 12 de septiembre de 2011, para el 14 les fue entregado el dinero y el 17 se entregó el reporte de que todas las actividades ya habían sido realizadas y cumplidas.
A la Universidad Metropolitana de Teziutlán se le entregaron 5 millones de pesos, 10 millones de pesos a la Universidad Tolteca, 9 millones 800 mil pesos a la Universidad Interamericana, 10 millones al Centro Universitario Irlandés y 3 millones 750 mil pesos.
Por tanto, un total de 38 millones 550 mil pesos fueron desviados del erario público del estado de Puebla a través de este método, donde consta en diversos documentos, que participaron al menos cinco universidades.