Carlos Gómez / @gomezcarlos79
La legítima lucha de los estudiantes, académicos y trabajadores administrativos por regresar a clases presenciales en el campus de la UDLAP, no debería ensuciarse con los intereses políticos del PAN.
No se debe perder de vista que la UDLAP es parte de la Fundación Jenkins y que ésta fue saqueada y le quitaron 720 millones de dólares.
Ese pleito sigue y aún no hay una resolución en el corto plazo.
En lo que sí se podría avanzar es en llegar a un “acuerdo” entre el nuevo y el anterior Patronato para poder establecer las condiciones necesarias y permitir el regreso a clases presenciales en la UDLAP.
El pleito legal de la familia Jenkins está afectando de una manera terrible a la UDLAP y a su comunidad universitaria.
Y también lo hacen los diputados del PAN que han visto una oportunidad política para acatar al Gobierno del Estado de Puebla.
Lo más sano es que se llegue a un acuerdo entre las partes para la reapertura ordenada a clases presenciales y que siga el pleito legal de los integrantes de la familia Jenkins, pero sin afectar más a los estudiantes.
Urge ya llegar a acuerdos entre las partes.
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