Este jueves mediante una audiencia pública Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado de manera unánime ratificaron el amparo que el Juez de Distrito concedió a José María Sosa Álvarez, por el delito de “homicidio simple” en agravio de Paulina Camargo Limón. Esto significa que ahora el Juez Tercero Penal deberá dar un nuevo fallo en el caso, es decir podría dictar un nuevo auto de formal prisión o auto de libertad, pero no podrá considerar ninguna de las supuestas pruebas que aportó la Fiscalía General del Estado (FGE) en el pasado, pues fueron desechadas por ser ilegales.
La resolución que tomaron los Magistrados Federales obliga al Juez Tercero de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) a aportar pruebas contundentes de la muerte de Paulina Camargo y de que Sosa Álvarez es el homicida en caso de que decida dictar un nuevo auto de formal prisión. En caso de que carezca de dichas pruebas deberá ordenar un auto de libertad.
Hasta el momento no existen pruebas del supuesto homicidio, pues las pruebas que dijo en su momento obtener la Fiscalía General del Estado (FGE) han sido desechadas por los jueces federales. Por ello los abogados de Sosa Álvarez ganaron un primer amparo por el delito de “homicidio y aborto”. Ante ese amparo el Juez Tercero de lo Penal volvió a dictar formal prisión contra Chema pero ahora por homicidio simple.
Actualmente el Juez Penal solo contaba con las versiones de los padres de Camargo Limón y algunas declaraciones de amigos de Paulina y de otras personas no identificadas, y basado en esos dichos mantiene en prisión a Sosa Álvarez, es decir no se tiene demostrada la existencia del homicidio ni que el acusado lo haya cometido. Es por ello por lo que los Magistrados ratificaron el amparo con cedido por la Jueza de Distrito.
Ahora el Juez Penal tiene que emitir en los próximos 15 días un nuevo fallo, cuenta con libertad de acción, pero si decide dictar un nuevo auto de formal prisión deberá aportar pruebas contundentes de la responsabilidad de Sosa Álvarez en el homicidio de Paulina Camargo y no solo las declaraciones de los padres y conocidos de la joven. Dichas declaraciones, según indicaron los magistrados no permiten conocer si Paulina está muerta y tampoco que José María la haya privado de la vida.
Durante la audiencia pública realizada este jueves en el edificio del Poder Judicial de la Federación, los Magistrados recordaron que las supuestas pruebas que en su momento aportó la Fiscalía ya fueron desechadas por ilegales y por ello no podrán ser utilizadas en contra del acusado.
Las pruebas desechadas son: las pruebas obtenidas durante el cateo a la casa en La Margarita; el video que la Fiscalía presentó y que según dijo en él se veía a Chema y a Paulina abordar un taxi; las declaraciones del joven porque la Fiscalía le dio un tratamiento de incriminado cuando solo se presentó a declarar como testigo.
En entrevista, los padres de José María y el abogado defensor, indicaron que la resolución de los magistrados acerca a Chema a la libertad, pues confían en que las nuevas autoridades del TSJ y los actuales gobernantes poblanos, tomen mejores decisiones que sus predecesores.
Por su parte los padres de Paulina con algunas 20 personas más, se manifestaron afuera del edificio del Poder Judicial de la Federación y simplemente se mostraron satisfechos porque los magistrados no otorgaron el amparo “liso y llano”, es decir que no ordenaron la libertad inmediata de Chema.
Por su parte la Fiscalía General del Estado emitió el siguiente comunicado:
En el caso Paulina Camargo, José María, no obtiene su libertad. El Juez tendrá que volver a valorar los elementos de prueba que existen y puede dictar auto de formal prisión en su contra, a pesar de que se confirmó un amparo que la defensa del imputado ya tenía.
Adicionalmente no se han acreditado los supuestos actos de tortura alegados por la defensa de José María. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, concluyó hasta el momento que no contaba con elementos para comprobar violaciones, ello al valorar dos dictámenes emitidos por el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
En caso de que se recurra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado de Puebla, aportará los elementos necesarios para acreditar que no ha habido violación alguna, respetando los procedimientos que existen ante dicho organismo.
