Dulce Gómez / @dulcgomez
La periodista Lydia Cacho publicó un video en el que exige a las autoridades castigar a los implicados en el crimen que se cometió en su contra por documentar una red de pornografía infantil y lavado de dinero que involucra a 19 funcionarios públicos y empresarios internacionales.
Este clip fue lanzado a través de redes sociales después de que el Tribunal Federal giró una orden de aprehensión en contra del ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres y del empresario Kamel Nacif, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la periodista cometido en 2005.
Lydia Cacho relató que por publicar su libro “Los demonios del Edén“, que documentaba una red de pornografía infantil y lavado de dinero, fue detenida arbitrariamente, torturada y encarcelada.
“Mi nombre es Lydia Cacho, soy periodista y defensora de los Derechos Humanos. En el año 2005 publiqué el libro Los demonios del Edén, por ello fui detenida arbitrariamente, torturada y encarcelada por documentar a una red de pornografía infantil y lavado de dinero que involucra a 19 funcionarios públicos y empresarios internacionales.
Desde hace 13 años me defiendo en los tribunales contra mis torturadores y los autores intelectuales de los crímenes que cometieron en mi contra. El 31 de julio de 2018, el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, emitió por primera vez en la historia, una resolución en contra del Estados Mexicano. Esta resolución exige al gobierno la reparación del daño integral y el reconocimiento de los crímenes que se cometieron en mi contra”, expresó.
En el mismo video mencionó que durante el último día del gobierno del entonces presidente de Mexico Enrique Peña Nieto fue puesta bajo custodia de escoltas armados y se le entregó este chaleco antibalas.
Lo anterior reconociendo que su vida está en riesgo por la falta de impartición de justicia en el país.
Pidió imaginar que si el estado le hizo todo lo anterior por documentar la realidad, cómo será que trata “a los cientos de miles de víctimas de secuestro, desaparición forzada, pornografía infantil y feminicidio, cuyos nombre no se conocen”.
“No soy ni seré una mártir jamás. Soy una periodista que a los largo de 30 años ha trabajado en la defensa y protección de los derechos humanos de las niñas, niños y mujeres de todo el mundo. No me detendré a pesar del costo, hasta que todos y cada uno terminen en prisión”, destacó.
Asimismo, fue lanzada una petición mediante la recolección de firmas en exigencia para que el estado mexicano dé paso a la reparación integral del daño a la periodista.
Hasta el momento 15 mil 986 personas han firmado y la idea es llegar a la meta de 25 mil rúbricas.
“Al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la opinión pública:
El 16 de diciembre de 2005, la periodista mexicana y defensora de los derechos humanos, Lydia Cacho, fue ilegalmente arrestada, torturada durante veinte horas, encarcelada y sometida a juicio durante un año tras haber documentado la existencia de una red de pornografía infantil y lavado de dinero bajo colusión de diecinueve servidores públicos.
Entre otros, tres gobernadores, una jueza estatal, una procuradora de justicia de Puebla y un procurador de Quintana Roo, un senador, un presidente del Tribunal Superior de Justicia, un director de cárcel, cinco policías y dos sicarios contratados por el empresario Kamel Nacif Borge.
Los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, utilizaron las instituciones de justicia para negarle acceso a su defensa y protección, durante años las redes criminales han intentado durante años desacreditar su credibilidad y honestidad usando a una ex víctima, ahora adulta.
En 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que su investigación: “se quedaba corta frente una apabullante realidad de trata y explotación infantil protegida por miembros del Estado mexicano”.A pesar de las trabas orquestadas por los implicados en actos de corrupción y crímenes contra la niñez, se logró que Jean Succar Kuri, líder de la red de pornografía infantil, recibiera 112 años de prisión. La primera y más importante sentencia en América Latina por estos crímenes. Los atentados y amenazas no cesaron”, refiere parte de la solicitud.
