El convenio que hoy suscribimos refleja la voluntad política del Gobierno del Estado para ajustar la actuación de sus servidores públicos al marco jurídico que, en materia electoral, se encuentra vigente.
Este instrumento sienta las bases para desarrollar acciones interinstitucionales en el ámbito del blindaje electoral que permitan a las partes garantizar los principios de equidad, imparcialidad y legalidad del proceso comicial en que nos encontramos inmersos, así como prevenir la comisión de conductas que vulneren la norma electoral por parte de los funcionarios y empleados del gobierno local, en el ejercicio de sus funciones.
A nadie escapa que el manejo de recursos públicos entraña una responsabilidad de la mayor magnitud; que los mismos, por mandato constitucional, deben aplicarse con imparcialidad y sin ánimo de influir en la equidad de la competencia entre las diversas fuerzas políticas.
Los gobiernos, de todos los niveles, deben abstenerse de intervenir en los procesos electorales, deben ser respetuosos en su actuación y en el ejercicio de los recursos a su cargo.
Llegado el momento, durante las campañas y hasta el día de la elección, no podrán difundir su propaganda, con las salvedades de los temas vinculados a la salud, la educación y la protección civil, lo cual no implica la parálisis de la acción gubernamental.
El blindaje electoral tiene como finalidad que todos los recursos y programas sociales sean gestionados de forma transparente, sin pretensión de favorecer a algún actor de la contienda ni reproducir malas prácticas, lo cual permitirá que los votantes ejerzan sus derechos políticos en secreto y en total libertad, sin influencia de alguna institución o autoridad pública.
En esta tarea, somos corresponsables las autoridades electorales y las administraciones de los tres órdenes de gobierno.
Los programas sociales no pueden considerarse obsequios para influir en la voluntad del electorado, por ello este acto adquiere particular relevancia. La firma del convenio que hoy nos congrega refuerza el ánimo democrático por celebrar elecciones pacíficas, cuyo resultado refleje de manera fiel el mandato popular expresado en las urnas.
Una democracia de calidad no puede sino fundarse en el respeto a las reglas, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
En este último rubro debe destacarse que los ciudadanos cuentan con herramientas para involucrarse en la vigilancia del correcto ejercicio del dinero público, la queja y la denuncia son instrumentos a través de los cuales pueden hacer del conocimiento de las autoridades competentes las prácticas que transgredan la norma electoral.
