Confiamos en que la justicia electoral no sea pervertida y anulen elecciones: Barbosa

Redacción

Los poblanos esperan que la justicia electoral no sea pervertida, para que en los próximos días, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pueda decretar la anulación de la elección a gobernador en Puebla, manifestó el candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia Miguel Barbosa Huerta tras argumentar que, con coordinación y unidad se podrá enfrentar cualquier escenario y nuevos retos.
Al asistir a la 4ª Reunión Plenaria de Presidentes Municipales de la Coalición Juntos Haremos Historia Miguel Barbosa Huerta expresó que sería lamentable para los poblanos si ven que no hay anulación de la elección y traería un escenario complicado para el estado, pero advirtió que no ve esa posibilidad para Puebla, por que se conformó una impugnación sólida en la que se demostraron todas las irregularidades que cometió el morenovallismo para llevar a cabo el fraude electoral.
Refrendó su compromiso con los poblanos para mantener una batalla contra el fraude y la imposición, dijo que, Morena y la Coalición Juntos Haremos Historia han depositado su confianza para seguir al frente y ser el candidato a gobernador si se decreta la elección extraordinaria.
Tras hacer un llamado a la unidad y a la coordinación entre los presidentes municipales y a los diputados locales y federales, así como a los senadores poblanos, Miguel Barbosa manifestó que cada quien, desde el ámbito de sus competencia, está dando la pelea.
Expresó que los diputados en el Congreso del Estado, desde el primer momento entendieron el mensaje de enfrentar al poder público ominoso instalado en contra de la Coalición Juntos Haremos Historia y del trabajo que realizan desde la LX Legislatura donde han tenido que aguantar todo, en la lucha por desmantelar la legislación oprobiosa del morenovallismo.
El representante de la coalición conformada por el Partido del Trabajo, Encuentro Social y Morena expresó que todos las acciones están enfocadas en beneficio de los poblanos, a quienes le refrendo su compromiso y lealtad para hacer del estado, una entidad libre, y con normalidad democrática.
En la reunión a la que asistieron los presidentes municipales emanados de la Coalición Juntos Historia, Miguel Barbosa se refirió a la toma de posesión del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador quien, en su mensaje, se escuchó todos los lineamientos que serán los ejes de la Cuarta Transformación en el país.
El candidato a gobernador mencionó que el estado no puede quedar fuera de este proceso y llamó a los presidentes y presidentas municipales ha realizar los trabajos necesarios para armonizar sus planes y proyectos, de tal manera que haya una coordinación de la federación con el estado y los municipios.
Los llamó también a desarrollar gobiernos austeros, transparentes y cercanos a la gente, con políticas sociales enfocadas a dar respuesta a la demanda social en educación, salud, empleo y seguridad.
En otro momento de la reunión , el presidente de San Pedro Cholula Luis Alberto Arriaga advirtió que si los presidentes municipales no muestran la capacidad de hacer las cosas con unidad, los oponentes los van a avasallar, dijo que “ En los próximos días se va a dar a conocer el resolutivo del TEPJF, el cual apunta hacia la anulación de la elección a gobernador, por ello la importancia de estar unidos, para enfrenar un nuevo proceso en el que estamos seguros, Miguel Barbosa va a ganar y será el gobernador de Puebla”.
Por su parte, el presidente municipal de Amozoc Mario de la Rosa denunció que está siendo obligado a signar un convenio con la Secretaría de salud, para que se haga cargo por 30 años de los gastos que genera el Centro de Servicios Ampliados (CESSA), además, puso al descubierto a los agentes de la dirección de vialidad del estado a quienes acusó de realizar operativos para extorsionar a los automovilistas que circulan sobre la carretera federal Puebla -Amozoc.
Mientras tanto, el edil de Acatlán de Osorio denunció que la Secretaría de Finanzas les está reteniendo un promedio de 7 millones de pesos del presupuesto participativo como una medida de represión tras oponerse a firmar los convenios propuestos por dicha dependencia.